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Juez exculpó a Montenegro porque fue quien colaboró
En su fallo de 641 páginas Oyarbide dedica un último y extenso apartado para analizar la situación de quien ocupara ese juzgado antes de dedicarse a la política. Oyarbide diferencia a Montenegro del resto de los imputados sobre la base
de cinco argumentos básicos.
En primer lugar, el magistrado resalta que la supuesta asociación ilícita integrada por el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios; el ex empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ciro James; los jueces de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey, así como policías y funcionarios judiciales de esa provincia se habría conformado antes de que Montenegro asumiese su cargo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, e incluso antes de que el supuesto espía fuera contratado en Educación.
Este destacado es importante, ya que Montenegro es el responsable de la fuerza porteña entonces liderada por Palacios y a la que iba ingresar James como oficial. En este aspecto se centra el segundo argumento, al sostener que Montenegro demostró ante el juzgado no tener ninguna vinculación con la contratación de James, ni en la cartera de Educación ni en la Policía Metropolitana.
Oyarbide subraya las declaraciones de James respecto de su ingreso en esa fuerza. Al ser indagado, el supuesto espía explicó que se había contactado con Palacios y con su segundo, Osvaldo Chamorro, para lograr su ingreso a la Metropolitana. Este punto se refuerza con el tercer argumento que señala el juez respecto de Montenegro: el no haberse detectado ningún llamado entre el ministro y James, a diferencia de los casos de Palacios, Chamorro y la sospecha de que también se habría comunicado con el jefe de Gobierno por la detección de las antenas de la zona en la que Macri reside.
El juez resalta como cuarto aspecto que Montenegro «ha colaborado prontamente con aquellas solicitudes que oportunamente le efectuara el tribunal» y recuerda que, al conocerse el caso, el ministro ordenó que se iniciara una investigación interna en la fuerza metropolitana para determinar la vinculación de James con ésta.
Agrega que fue Montenegro quien aportó las filmaciones que muestran al supuesto espía en el cuarto piso del edificio de la Policía porteña, donde se encontraba la oficina de Chamorro. En el escrito no hay mención de las acusaciones de Montenegro sobre el supuesto armado de la causa y la supuesta vendetta que la Policía Federal habría intentado cobrarse a la nueva fuerza. El juez destaca como último argumento que, según las pruebas de la pesquisa, las relaciones del ministro con Palacios y Macri parecen «no exceder los canales de lo estrictamente funcional».
Si bien esta ya vieja rencilla con el ex colega queda en el olvido, Oyarbide no pierde oportunidad de criticar el desempeño del ex juez como funcionario público, al señalar que «amén de que Montenegro no conocía los actos ilícitos que al menos uno de sus subordinados llevaba adelante, existieron eventualmente falencias en el accionar del Ministerio» que le impidieron conocer los supuestos ilícitos de James y Palacios y enfatizar que el caso expone «cuanto menos, ciertas insuficiencias en los controles propios que hacían a sus deberes».
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