El juez federal Ariel Lijo exhortó al Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, que le remita todas las constancias relativas a la firma del Memorando de Entendimiento con Corea que supuestamente incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico. Según la denuncia de la que se hizo eco el fiscal Guillermo Marijuan, la operación habría ido de la mano con la intención oficial de impulsar el tecno-voto para las próximas elecciones, algo que quedó desactivado en el Congreso por diferencias en el sistema tecnológico a aplicar con la oposición.
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Como adelantó Ámbito Financiero, el magistrado hizo lugar a todas las medidas de prueba y puso la lupa en la comitiva que viajó entre junio y julio de 2016 a Corea al pedir a la Dirección Nacional de Migraciones todo el listado de asistentes. Se sospecha que allí habría tenido lugar la firma del acuerdo para la provisión anticipada de los artefactos. "Líbrese oficio al Ministerio de Modernización de la Nación a fin de solicitarles remitan a este tribunal las constancias documentales relativas a la firma del Memorando de Entendimiento presuntamente suscripto el 30 de junio del corriente año con la República de Corea", exigió Lijo en su oficio dirigido a la cartera que dirige Ibarra, cuya situación como imputado fue impulsada por Marijuan días atrás.
El juez también solicitó a la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso que le remita "el pliego licitatorio del software de voto electrónico, enviado por el Ministerio de Modernización para su revisión". En la causa, el juez también libró un oficio a la Aduana para que informe al tribunal "si se ha registrado el ingreso proveniente de Corea de los de los containers con el material informático y tecnológico de voto electrónico o su similar, desde agosto hasta la actualidad". La denuncia interpuesta por la abogada Valeria Carreras afirma que, según información periodística, la Argentina recibió un envío con las máquinas para el tecno-voto que habían sido adquiridas con anterioridad a que se trate la ley en un presunto acuerdo espurio.
El expediente investiga ahora si Ibarra pudo haber cometido los delitos de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público", según la denuncia. Es el primer revés para el titular de la cartera de Modernización. En la Justicia electoral afirman que las máquinas nunca se compraron pero que no se conocen detalles del pacto.
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