Juez pide a Gobierno datos por apremios a militares

El juez federal Daniel Rafecas solicitó al Gobierno nacional la remisión del expediente confeccionado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa acerca de presuntos apremios ocurridos en interrogatorios a personal militar efectuados por agentes de inteligencia de la fuerza.

La pesquisa del magistrado en el marco de la denuncia Nº 15.211/10 se orienta a averiguar si hubo participación de agentes de inteligencia, si se excedieron durante la búsqueda de información sobre el robo de armas de la guarnición Aeroparque y, el meollo del caso, determinar si los funcionarios responsables -la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré; el jefe de la Fuerza Aérea, Normando Costantino; el jefe de Inteligencia, Rodolfo Centurión; el exdirector nacional de Inteligencia Estratégica; Carlos Aguilar, y el subjefe del arma, Raúl Acosta- incumplieron la obligación de denunciar la presunta violación de la Ley de Inteligencia Nacional.

Rafecas envió tres oficios a Defensa y hasta ahora no recibió respuesta de Arturo Puricelli; el primero fue girado el 27 de diciembre de 2010, luego otro salió el 8 de febrero de 2011 y la última reiteración, el pasado 1 de abril, a instancias del fiscal de la causa Carlos Stornelli. Puricelli heredó el plomo candente y espera una señal de la Casa Rosada.

El embrollo se desató en agosto de 2010, al detectarse el faltante de pistolas 9 mm, ametralladoras Ingram y fusiles FAL (los preferidos por las bandas que asaltan camiones de caudales) de la sala de armas del Grupo de Guerra Electrónica, unidad que dependía del brigadier Juan Macaya, comandante de operaciones aéreas. Hubo una investigación interna -al margen de la Justicia- conducida por el jefe de Inteligencia del arma, brigadier Rodolfo Centurión, quien respondía a órdenes de Costantino, jefe de los aviadores, con el propósito de reunir datos sobre el hecho delictivo. La tarea se había cumplido con interrogatorios que habrían excedido los límites de severidad. Todos los sospechados del cuartel habrían sido privados de la libertad durante casi 72 horas sin que mediase orden judicial.

Rafecas busca acreditar estos hechos sobre la base de testimonios que habría recogido en un acta Ileana Arduino, directora de Derechos Humanos del ministerio. Los detalles de los aprietes habían llegado previamente a conocimiento de Garré a través de un correo electrónico anónimo. La jefa castrense decidió entonces enviar a Arduino a la guarnición de Aeroparque para constatar la veracidad de la presunta violación de los derechos humanos del personal de la sala de armas.

El documento probaría que miembros civiles y militares de la Jefatura de Inteligencia, al mando del brigadier Centurión, llevaron a cabo interrogatorios bajo presión. Que habrían participado «entre 38 y 40 agentes», dato surgido de los «pases de almuerzo que fueron administrados en esos días» , que «no ingresaron con las tarjetas identificatorias que la unidad tiene a los efectos de distinguir la condición de las personas que ingresan habitualmente», que los interrogatorios eran repetidos y a todas horas, «incluso cuando eso demandaba levantar al personal que ya estaba dormido», que se vio «a un suboficial de civil con arma en la cintura» y que «esa misma persona tenía un par de esposas que se las vieron cuando fue a efectuar la requisa de los cofres», que durante el interrogatorio «había muchas preguntas sobre la vida privada».

Interesa a la Justicia confirmar estos hechos dado que la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 dice en su artículo 4º: «Ningún organismo de inteligencia podrá: realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley»..