Juicio contra Corte: oficialismo intenta cerrar “coparticipación”

Unión por la Patria volvió a llamar -bajo uso de fuerza pública- al exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Además fueron convocados a exponer sobre el tema Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal; y el procurador general porteño, Gabriel María Astarloa.

Carolina Gaillard

Después de las PASO del 13 de agosto pasado, el kirchnerismo en Diputados reactivará hoy el extenso juicio político contra la Corte Suprema de Justicia iniciado en febrero del corriente año, con el objetivo de cerrar el espacio de debate sobre el expediente “coparticipación”, que le devuelve millonarios fondos a la Ciudad de Buenos Aires.

La última reunión no fue feliz, para Unión por la Patria, en la comisión que comanda la legisladora oficialista Carolina Gaillard: faltaron los invitados y se ausentó toda la oposición. No obstante, el kirchnerismo ahora retoma el impulso y volvió a citar -bajo uso de la fuerza pública- al exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Marcelo D’Alessandro; a Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal; y al procurador general porteño, Gabriel María Astarloa.

La cronología sobre coparticipación se inició en 2016, con el convenio de traspaso de la Policía; el decreto que otorgó 3,75% a la Ciudad -sin intervención del Congreso; el Consenso Fiscal de 2017, que llevó la cifra a 3,5%; la rebaja de 2020 por decreto y luego a través de una ley, con el posterior amparo de la CABA; y el derrotero del proceso de conciliación en 2022, con el fallo de la cautelar y la posterior filtración de supuestos chats entre D’Alessandro y Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte Suprema de Justicia y también del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

De hecho, Robles sí asistió semanas atrás a la comisión, tal como contó Ámbito. En aquella ocasión, y entre un cuestionario mal preparado y peor formulado por el bloque oficialista -plagado de valoraciones, citas periodísticas, menciones de Twitter y reformulaciones sobre otras declaraciones previas-, y un testigo decidido a no regalar ni media respuesta, la audiencia terminó convertida en un sainete, cercano a lo absurdo.

Robles comenzó con un fuerte descargo personal y con una férrea defensa de la Corte Suprema para luego pasar a un blindaje absoluto, y adujo la garantía de no declarar contra sí mismo y por el deber de reserva que rige al Poder Judicial. De esa manera, sacó de las casillas a los diputados de Unión por la Patria.

Durante la última reunión de la comisión, el cristinista Leopoldo Moreau trató de invertir la lectura sobre la ausencia de la oposición al encuentro y consideró que se debe a que los avances expuestos confirmarían “graves anomalías” de la Corte y que se habría descubierto que “se han manejado con intrigas, arbitrariedades, fallos contra derecho, fallos facciosos dictados en favor de una fuerza política de manera indisimulable”.

Además, Moreau dijo que nadie maltrató al testigo pero que “ocultó la verdad” y relativizó que hubiese habido preguntas incriminatorias. Despotricó de nuevo contra Robles, los medios y la oposición, y relacionó todo con la imposibilidad del Senado de sesionar para aprobar los pliegos de nombramientos pendientes en el Poder Judicial, tema que aún sigue estancado y sin señales de reactivación.

La reactivación del juicio político contra la Corte Suprema se dará en una jornada de intensa actividad en el Congreso. Por caso, en Diputados, Unión por la Patria apunta a firmar el dictamen de la iniciativa sobre blanqueo de capitales dirigida a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas.

Para este martes también se espera que se despache la creación de las universidades nacionales Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires; y de la Cuenca del Salado con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

En tanto, el cristinismo buscará revivir el Senado, en medio de la desconfianza opositora por un nuevo intento de aprobar en el recinto pliegos judiciales, así como el ingreso de nuevas designaciones en distintos fueros.

Para eso, el espacio que lidera el formoseño José Mayans permitirá la conformación de un puñado de comisiones para analizar proyectos ya aprobados en Diputados. Por caso, la de Legislación General tratará hoy la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).

Seguido a eso, dicha comisión realizará un plenario, junto con la de Presupuesto y Hacienda, para discutir los recientes cambios que la Cámara baja realizó, a instancias de la oposición, a la polémica ley de alquileres. Días atrás, Diputados aprobó una iniciativa que plantea volver a los dos años de contrato y ajustes con periodicidad que acuerden las partes “y por intervalos no inferiores a los cuatro meses”. En principio el texto en cuestión se acerca de a poco a las voluntades necesarias, aunque hay sobre dudas de potenciales aliados.

El trabajo en el Senado continuará mañana: Presupuesto y Hacienda pondrá en agenda la ley que da luz verde a un salvataje para créditos UVA -pese a que el porcentaje de morosos es bajo-. Más tarde, dicha comisión se juntará con la de Cultura para tratar el proyecto para crear, por ley, el sistema de las becas Progresar.