Juicio por crimen narco con sello colombiano

Jairo Saldarriaga Perdomo

El encuentro fue en un típico despacho de un abogado del microcentro. De un lado del mostrador, Germán Flies Maurer. Del otro, Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, de Colombia.

La charla sólo se enfocaba en el pedido de trámite de radicación que hacía el colombiano. Era el segundo encuentro entre cliente y abogado. El final de la charla marcó una prueba de fuego para el letrado.

Es que en la primera entrevista, el colombiano "había puesto a prueba" al abogado y le había pagado 100 pesos de más por la consulta, para tantearlo, para verificar lealtades. Y esa lealtad se hizo presente aquella segunda tarde.

Cuando se despedían, el colombiano pagó la segunda consulta y el abogado le dijo que eran 100 pesos menos. "La vez pasada me pagaste de más", dijo Flies Maurer. Del otro lado, el colombiano sonrió. No lo dijo. Pero la cuestión parecía clara. "No pagué de más, estaba verificando tu lealtad", fue la apuesta del colombiano. Final del encuentro.

Treinta minutos después, hubo otros que no le fueron tan leales a Jairo Saldarriaga Perdomo y lo ejecutaron a tiros en plena calle, en zona norte de la Capital Federal.

A las 18.30 de aquel 17 de abril de 2012 en Marcelo T. de Alvear y Talcahuano, Saldarriaga Perdomo comprobó en carne propia que el narcotráfico no "jode", "no perdona".

La víctima fue atacada desde una moto, al mejor o peor estilo del narcosicariato. No tuvo chance de defensa. Cuando lo revisaron, sus documentos lo identificaban como Carlos Brausin García.

Luego, cuando se supo que en realidad era Saldarriaga Perdomo, se acreditó que se trataba de un contacto, soldado o exsoldado de Daniel "el Loco" Barrera, un supranarco colombiano.

Saldarriaga Perdomo, alias "Mojarro", fue integrante de las FARC. Según la causa, lo mataron de siete tiros por la espalda. El sicario, luego, disparó tres veces contra un policía que quiso atraparlo, se descartó de la moto, y se deshizo del arma en una iglesia.

Para los fiscales argentinos que elevaron el caso a juicio, este crimen estaría directamente vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas colombianas que traspolaron sus conflictos a la Argentina.

Por la moto, se identificó y se detuvo a quien figuraba como su propietario: Jhonatan Arsitimuño. Tres años después del crimen, este hombre afronta un juicio y podría terminar sentenciado a perpetua como presunto sicario. Él alega que "otras personas" lo usaron como prestanombre para la compra de la moto, y que es inocente.

Lo cierto es que se sospecha que a "Mojarro" lo mandaron a matar por haberse quedado con el dinero de una operación de 500 kilos de cocaína que tenía como destino Estados Unidos.

El juicio deberá develar si el detenido es "un perejil", como plantea su defensa, o si realmente se trata de un "killer" -poco profesional por la impericia en la fuga- para cometer un narcocrimen, a la vista de todos, en el corazón de Buenos Aires, y sin ningún tipo de pudor.