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Justicia apunta contra obra social moyanista
Hugo Moyano
La reactivación del caso -que se inició a finales de 2006 con una denuncia del sindicalista de la UOCRA y opositor a la conducción moyanista, Juan Pablo «Pata» Medina- amenaza así sacudir el poder del titular de la CGT, en pleno escándalo por el manejo de los fondos de la APE y la llamada mafia de los medicamentos, que investiga el juez Norberto Oyarbide.
A pesar de que las causas apuntan a delitos diferentes, ambas apuntan a una de las cajas claves de los gremios, las obras sociales, y sus ambiguas relaciones con la SSS (entidad que debe controlarlas), lo que fue repetidamente denunciado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
Sospechas
En este punto, Bonadío le ganó de mano a Oyarbide, al citar a Capaccioli, centro de las sospechas, por su doble rol como ex titular de la SSS y jefe de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner.
Por su actuación en ambos roles cosecharía en las próximas semanas varias citaciones, y en todas ellas aparecerían siempre los mismos factores conectados: droguerías, obras sociales de los gremios, fondos de campaña y la Superintendencia.
El peregrinaje de titulares de la SSS por el juzgado de Bonadío comenzará mañana con la citación de Rinaldi, también ex titular de la APE, según informó radio Continental. Para el viernes fue convocado Capaccioli y el lunes de la semana que viene deberá presentarse el actual titular del área, Bellagio.
También se señaló que el juez había enviado un oficio al actual ministro de Salud, Juan Manzur, para que informe el monto de dinero que utilizó la APE entre 2003 y 2009 (es decir, durante las presidencias de los Kirchner).
Además, requirió documentación sobre el presupuesto de la oficina, sus misiones y funciones, y la identidad de los directores de los programas que se desarrollaron bajo su órbita en ese período. Estos datos se sumarán a la declaración que ofreció ayer el actual titular de la APE, Hugo Sola, quien se presentó ayer en el juzgado de Bonadío.
El juez también pidió información a las huestes de Moyano, al requerir notificación de todos los tratamientos que pagó la APE al gremio, cuál fue el monto anual recibido por ellos y el detalle de cada paciente beneficiado, con sus rendiciones de cuentas.
La causa investiga las supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la APE en la obra social de los camioneros, supuestamente en beneficio de Moyano, ya que su mujer, Liliana Esther Zulet, estaría detrás de la administración de la obra social, una caja que ascendería a los $ 20 millones anuales y que abarca a más de 700 mil miembros.
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