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Justicia golpeó el retorno de Zelaya
El anticipo de los comicios, planteado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediador en el conflicto, «violentaría» artículos de la Constitución que prohíben tomar medidas que limiten la participación de los hondureños en la vida política del país, señaló la resolución del TSE. «Nosotros sentimos que no es adecuado y no es correcto adelantar las elecciones, pero éste es un punto de todo un acuerdo», dijo uno de los magistrados de la Corte, David Matamoros.
«Lo que estamos pidiendo es que si hay concordancia en los demás puntos, escuchen nuestra opinión y consideren si las implicaciones que tiene adelantar las elecciones valen la pena dentro del contexto», añadió en referencia al plan que era discutido anoche por el Congreso. Una comisión parlamentaria prepara desde el lunes un informe para el plenario sobre la propuesta de Arias, que contempla, entre otras medidas, la restitución de Zelaya, una amnistía política y adelantar las elecciones de noviembre, ya desestimado por el TSE. El «dictamen» de la comisión de siete diputados «mañana (por hoy) se presenta al plenario y entra en discusión», dijo el vocero del Congreso, Claudio Moncada, quien no pudo precisar cuánto tiempo durarían los debates en el legislativo.
Los miembros del grupo de análisis, así como todos los parlamentarios que siguen asistiendo al Congreso (cinco zelayistas se retiraron tras el golpe del 28 de junio), apoyan al régimen de facto en Honduras.
Un diplomático extranjero en Tegucigalpa, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó que Roberto Micheletti nunca aceptará el plan de Arias, pero evitará rechazarlo abiertamente con el objetivo ve «ganar tiempo» para que llegue la fecha de las elecciones y asuma un nuevo Gobierno. No obstante, la comunidad internacional advirtió que no reconocerá los comicios si son realizados bajo el Gobierno de facto.
«Los golpistas en Honduras deben percibir el mal que están haciéndole a la democracia en Centroamérica», dijo ayer el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Mientras tanto, Zelaya seguía varado en Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras, para presionar por su retorno al país. Paralelamente, su esposa, Xiomara Castro, permanecía a 10 kilómetros del límite, en El Paraíso, donde un grupo cívico afín al Gobierno de Micheletti le exigió que se fuera.
Castro indicó que las personas que la acompañan son unas 60 e insistió en que teme por su vida y la de los seguidores del depuesto mandatario, luego de que denunciara que civiles y policías afectos a los «golpistas dispararon» contra su hotel. En declaraciones a los medios, señaló que su objetivo sigue siendo «llegar hasta (el puesto fronterizo de) Las Manos» a reunirse con su esposo.
Agencias EFE y ANSA


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