Justicia ordenó convocar a la paritaria docente

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Jueza laboral hizo lugar a planteo realizado por uno de los cinco gremios de maestros. Establece cinco días para concretar llamado a negociación.

En medio del paro de la CGT -que incluyó la adhesión de los gremios docentes-, el Gobierno de Mauricio Macri recibió un revés en la Justicia, que ordenó al Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, convocar a la paritaria nacional del sector "dentro del quinto día hábil de notificada la resolución", como reclaman los sindicatos.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo nª 58, de la magistrada Dora Temis, resolvió declarar admisible la medida cautelar solicitada el 27 de marzo por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, e instó a la cartera laboral a que, durante ese lapso, "proceda a la convocatoria de la Comisión Negociadora, tal como se ha venido realizando de forma constante desde 2007".

Presuroso, el ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, confirmó la decisión de la Casa Rosada de apelar la sentencia -ayer era inminente- y de recusar a la magistrada por presunta "animosidad". "Los fundamentos del fallo no se comprueban, no hay incumplimiento de la ley (de Financiamiento Educativo)", argumentó.

En sintonía, Triaca tildó a la resolución de "llamativa", le atribuyó falencias y remarcó que la jueza "adelantó criterios sobre el fondo del asunto", lo que -consideró- abre paso a un pedido de recusación y de anulación de la medida judicial.

Con dureza, los cuestionamientos brotaron además desde el Gobierno de María Eugenia Vidal, con Temis como blanco directo bajo el argumento de una sintonía con el kirchnerismo. "Resulta más que sugestivo que un día como hoy (por ayer) una jueza identificada con Justicia Legítima saque un fallo de estas características", disparó el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.

Previsiblemente, la resolución fue celebrada por los sindicatos docentes con representación a nivel país, que desde el ensombrecido inicio del ciclo lectivo del 6 de marzo llevaron adelante 8 huelgas nacionales en reclamo de una convocatoria de Bullrich para discutir una suba del salario mínimo del sector a nivel país.

Esa operatoria funcionó hasta el año pasado, ya en el primer año de gestión de Macri. Pero a fines de 2016 el Palacio Sarmiento dio un giro y clausuró ese mecanismo, bajo el argumento de que rige desde ese año una cláusula que incrementa automáticamente el piso 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil.

Ahora, la resolución judicial -aunque sin resolver el planteo de fondo- avala el reclamo de los sindicatos respecto de que la Ley de Financiamiento Educativo obliga al Gobierno nacional a negociar el piso salarial de los maestros con los sindicatos, con las correspondientes partidas presupuestarias.

"Venimos luchando para que se recomponga el ámbito paritario nacional para poder empezar a desandar el conflicto en materia educativa y dar solución a las pujas que se dan en la mayoría de las provincias", sostuvo Romero a este diario, además de remarcar que "como el Gobierno no se sujetó a la ley", recurrieron entonces a la Justicia. "Deben respetar la independencia de poderes y cumplir con la ley; ahora está en manos de Triaca", advirtió.

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