Kirchner, 11-D y un ojo en Papel Prensa

El jefe de bloque K, Miguel Pichetto, le susurra al santacruceño Nicolás Fernández en el plenario de comisiones ayer en el Senado.

Néstor Kirchner marcó el próximo mojón en su aventura. Insaciable, y temeroso del 11-D cuando cae el dominio K del Congreso, proyecta un operativo para tomar el control de Papel Prensa, empresa mixta con mayoría accionaria de los grupos Clarín y La Nación.

El ex presidente evaluó la maniobra con un empresario amigo y dos ministros. El menos incendiario de los formatos podría ser una ampliación de capital. En la actualidad, el Estado posee el 27,5% de PP. El resto se lo reparten el holding Noble-Magnetto y el diario de los Mitre.

El patagónico resucitó una sugerencia que le sopló Gabriel Mariotto de que el Estado controle el 51% de Papel Prensa. El titular del COMFER ha puesto su firma a todas las jugadas que dañaron al Grupo Clarín: ley de medios y rechazo a la fusión de Cablevisión y Multicanal.

Una «estatización» de PP, especula Kirchner en sus sobremesas, le valdría el respaldo de las empresas gráficas medias y chicas, sobre todo del interior que no reciben insumos de esa firma. Pero, más que eso, el objetivo sería lanzar otra metralla contra el Grupo Clarín.

Mandó, presa de esa euforia, a rastrear el estado de la causa judicial sobre presunta contaminación que se inició cuando Romina Picolotti era secretaria de Ambiente. Hay, allí, un problema de jurisdicción que en algún momento deberá resolver la Corte Suprema.

Papel Prensa, que llegó a impedir una inspección de funcionarios de Ambiente, se declara bonaerense; el Estado se atribuye el control sobre las vías navegables adonde la empresa tira sus desechos. Un flanco débil, dicen en Gobierno, es la cuestión ambiental.

En el corazón de la firma, Kirchner cuenta con un oído atento: la morenista Beatriz Paglieri, de paso polémico por el INDEC, se sentó en la butaca del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Los otros dos directores son Mauricio Mazzón, hijo del «Chueco», y Juan Drucker.

Rentas

El amague de tomar el control de Papel Prensa no es, de todos modos, la única cruzada que Kirchner derrama ante oídos leales para el día después de la aprobación de la Ley de Medios K que, dice convencido, será aprobada en octubre a pesar de algunos indicios brumosos.

Confía, como recurso final, en el poder de su voz a través del teléfono. En Diputados, con una precisión escalofriante, el patagónico llamó a los diputados que habían dialogado con el directivo de Clarín Jorge Rendo, minutos -o hasta segundos- después de cortar la comunicación.

Difunde, además, la historia de aplicar un impuesto a la Renta Financiera, tema que aparece como una ilusión permanente de sectores «progres» que simpatizan con el Gobierno. Igual, días atrás, Aníbal Fernández, en Congreso, dijo que perjudicaría al sistema financiero local que está líquido pero es, todavía, demasiado vulnerable.

Un tercer ítem aparece en las elucubraciones del ex presidente y refiere a los gremios, en estos tiempos bombardeados por la crisis en las obras sociales y su vinculación con el negocio de los medicamentos truchos, tema que afectaría a más de 30 obras sociales.

El patagónico comentó, en sus charlas, que sería oportuno revisar la ley de Asociaciones Sindicales, norma que los gremios le arrancaron a Raúl Alfonsín en los 80 -aquella transversalidad- que impide, entre otras cosas, la diversidad sindical.

Cada vez que agita ese tema, Kirchner negocia algo con Hugo Moyano. El camionero, que se resigna a que en algún momento se le dará la personería a la CTA, supone que cualquier movimiento de ese tipo le será, previamente, consultado.

¿O será, apenas, una gambeta de Kirchner para que el Congreso se entrevere en una discusión que pondrá a los gremios en la trinchera y a la oposición en la difícil postura de tener que soportar la avanzada sindical?

El almanaque no se detiene y, en algún momento, llegará el 11-D, el Gobierno perderá mayoría y quórum y más que ofensivo se deberá volver defensivo. Felipe Solá, que se volvió un experto obsesivo de las acciones de Kirchner, dictó su pronóstico: «Hay que apretarle la caja».

El dictamen, que charló con otros peronistas disidentes y dos jefes radicales, afirma que si el centralismo financiero es la herramienta más efectiva que tiene el Gobierno para presionar, ése es justamente el punto sobre el que la oposición debe descargar su munición.

La pulseada esencial, en ese punto, será el impuesto al cheque y dependerá del éxito o fracaso de una avanzada para cooparticipar el 50% de ese tributo que en la actualidad va, en un 70%, a las arcas federales.

Hay, en ese horizonte, otro dato a observar: el 15 de octubre la Corte Suprema debe resolver un litigio entre el Gobierno cordobés y la Casa Rosada referido al envío de fondos de seguridad social. Un fallo a favor de la gestión Schiaretti sentaría un precedente auspicioso para otras provincias.