Kirchnerismo, de nuevo tras fondos de la Corte

El kirchnerismo presentó ayer en Diputados un proyecto de ley que busca quitarle a la Corte Suprema el control del presupuesto y la administración del Poder Judicial y otorgárselo al Consejo de la Magistratura. Se trata de una marcha atrás de la modificación a la reforma judicial que se acordó entre el Gobierno y la Corte y que hasta llegó a ser denunciada como pacto.

Ahora el sector más cerrado del kirchnerismo quiere avanzar para quitarle a la Corte no sólo el manejo financiero del Poder Judicial sino también la administración, nombramiento de vacantes y cargos, en una reacción directa a la declaración de inconstitucionalidad que decretó la Corte sobre los artículos sobre la elección popular de consejeros. Pero la posibilidad de una aprobación es más lejana ahora que cuando se debatieron los seis proyectos de la reforma judicial.

La puja tiene un antecedente directo en las conversaciones entre el Gobierno y Ricardo Lorenzetti en el momento más duro de la negociación de la reforma judicial.

Cuentan los protagonistas que Cristina de Kirchner, cuando se reunió con Lorenzetti para el análisis final de la reforma y en especial el recorte en las facultades de superintendencia, es decir el manejo de los fondos, se mostró asombrada del recorte de potestades que esto implicaba para la Corte Suprema.

Fue esa noche cuando, tras consultas con Carlos Zannini, pidió no tocar la letra de los proyectos, pero se decidió el envío de la conocida carta a Julián Domínguez para fijarle la posición de los jueces de la Corte. Esa nota llegó firmada por el presidente de Juntas de Cámara, Gustavo Hornos, y había sido elaborada sobre la base de borradores que se habían cruzado con otros integrantes de la junta.

Ese trámite terminó con la introducción de modificaciones al proyecto en Diputados (un antecedente casi histórico tratándose del kirchnerismo) que luego fueron ratificadas por el Senado en segunda vuelta. Ese episodio desató después la denuncia de Elisa Carrió de un pacto entre el Gobierno y la Corte Suprema para que esta aliviara su rechazo a la reforma judicial a cambio de otorgarles el manejo de los fondos de la Justicia.

Antes de esa instancia y de la tensa reunión entre Lorenzetti y Cristina de Kirchner, los ministros de la Corte ya habían organizado la estrategia de resistencia a ese avance en la reforma. Pensaron en rechazar que les sacasen la función de superintendencia mediante una acordada del cuerpo. En caso de no lograr su objetivo se pensó en una declaración de inconstitucionalidad y, finalmente, en una renuncia masiva de miembros.

Todo indica que en esta ocasión, si el proyecto presentado ayer llegara a convertirse en ley, podría repetirse la estrategia. Pero frente al destino que tuvo la mayor parte de la reforma judicial, en medio de la campaña y con un bloque kirchnerista que a duras penas logró reunir el quórum para votaciones complejas en las últimas sesiones, será difícil que este proyecto entre en la vía rápida para una aprobación.

El proyecto que fue presentado ayer fue firmado por Carlos Kunkel, Diana Conti, Teresa García, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari y Gloria Bidegain, y busca reglamentar el artículo 114 de la Constitución nacional, que establece que el Consejo de la Magistratura "tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial".