Kirchnerismo, sin votos para designar jueces

Carlos «Cuto» Moreno

El Consejo de la Magistratura postergó una audiencia clave pautada para hoy en la cual el Gobierno pretendía impulsar nombramientos en cinco juzgados de la Justicia federal en lo Civil y Comercial. Se trata de un fuero estratégico, ya que allí están radicadas causas sensibles para grandes empresas. Si bien la explicación oficial se sustentó en los compromisos legislativos de distintos consejeros, hasta ayer por la tarde el kirchnerismo no encontraba los nueve votos necesarios para aprobar el orden de mérito y luego enviarlo a Balcarce 50. El bloque oficialista exhibía ayer dos realidades: mientras por un lado asomaban internas de curioso origen, por el otro se diseñaba un plan de seducción.

El concurso 258 apunta a cubrir vacantes en la Justicia Civil y Comercial de la Capital Federal. Es un ámbito estratégico, ya que allí se definen expedientes que involucran a grandes empresas, entre ellas, el Grupo Clarín. Por eso, el concurso, como tantos otros también con sospechas de presuntas irregularidades, fue seguido de cerca por el Gobierno. «Cuando se trata de juzgados federales importantes, el oficialismo siempre deja dudas sobre los concursos», suele repetir el senador por la UCR -e integrante del Consejo- Mario Cimadevilla.

Los vacantes por cubrir están en los juzgados 1, 4, 5, 7 y 8. Entre los candidatos que figuran en el orden de mérito que el Consejo pretendía tratar hoy aparecen Silvina Bracamonte, secretaria letrada que ha subrogado el juzgado de instrucción 8, donde se familiarizó con expedientes relacionados con el Grupo Clarín. A ella le siguen el secretario del Tribunal Superior de Buenos Aires, Víctor Trionfetti, y la secretaria del juzgado federal 7, Carmen Palacios.

Objeciones

Los consejeros opositores mantienen distintas objeciones para con los candidatos, en especial en el caso de Bracamonte, ya que entienden que sus posibilidades en el concurso mejoraron luego de dictar resoluciones contra distintas empresas de medios a partir de la nueva ley de medios. Ayer por la tarde, confirmaron su negativa al orden de mérito propuesto los representantes de la UCR, Cimadevilla y el diputado Oscar Aguad, los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargossi y el juez Ricardo Recondo.

Con este escenario, los representantes del oficialismo (los diputados Stella Maris Córdoba y Carlos «Cuto» Moreno, los senadores Marcelo Fuentes y Ada Iturrez de Capellini, el académico Manuel Urriza y el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales) juegan con la aritmética en contra. Si bien cuentan con el apoyo de los jueces Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes (quien apoyó el dictamen en la Comisión de Selección), todavía les falta un voto para llegar a la mayoría necesaria y aprobar el orden de mérito.

A este escenario adverso se sumaban, ayer por la mañana, puntos de vista encontrados entre Ordiales y Moreno. Sin embargo, la discusión no es tanto por los candidatos. El diputado estaría molesto por diversas iniciativas que ha protagonizado el representante del Ejecutivo en el Consejo sin informarle previamente. «Se corta solo», suele decir a quien lo consulta. Se trata de dos funcionarios que suelen hablar frecuentemente con el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Ante el riesgo (interno y externo) de no lograr los números, los consejeros dispusieron demorar el trámite una semana. Una estrategia que ya ha puesto en funcionamiento en otras ocasiones similares.

Anoche, los kirchneristas del Consejo intercambiaban llamadas y analizaban si algún opositor podría prestarles el voto necesario. No falto quien recordara la estrategia de seducción para aprobar a los actuales candidatos al fuero criminal correccional: negociar sobre la mesa los nombres de los postulantes y buscar un acuerdo. Cualquiera sea el caso, el plazo es de siete días.