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Kraft contraataca: acusa a gremio de “intransigente”
Oscar Cuartango
En cuanto a las negociaciones, señaló que «uno de los puntos principales que quedó sin tratarse es la propuesta de reincorporaciones efectuada por la empresa. Kraft participó demostrando una vez más su voluntad de diálogo y flexibilidad con el fin de encontrar una solución al conflicto acorde con el ordenamiento legal», agregó el escrito.
«A garrotazos»
Sobre la opinión de la compañía aparecida en la solicitada, ayer habló el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. El funcionario relativizó la posición de la ex Terrabusi, asegurando que «hay que recordar que los avances los logramos a los garrotazos». En declaraciones a FM Millenium, Cuartango aseguró que «no hay precedentes para una posición tan poco flexible de una empresa» y que el reconocimiento de los delegados y el permiso para que éstos puedan ingresar en la planta, sólo se consiguió por la presión del Gobierno nacional y el de la provincia, además de los fallos judiciales. Cuartango recordó también que los tres delegados que obtuvieron el amparo de la Justicia, ingresaron el sábado y actuaron sin mayores problemas como delegados sindicales.
La alimentaria Kraft Foods y la comisión gremial interna no pudieron alcanzar el viernes pasado un acuerdo, que permitiera destrabar un conflicto que lleva casi dos meses y por eso las negociaciones debieron pasar a un cuarto intermedio para el miércoles próximo.
La comisión interna reclamó el compromiso escrito de la compañía para que reincorpore a los 72 trabajadores que siguen despedidos, así como a uno de los delegados que continúa cesanteado.
En tanto que la oferta de la compañía suma 50 operarios a la nómina de los reincorporados. El reclamo de la comisión interna estuvo centrado en que la empresa, dueña de la ex Terrabusi, permita a Darío Hermosilla, uno de los representantes sindicales despedidos, que retome sus actividades gremiales.
Sin embargo, la compañía rechaza su restitución porque pesa una causa penal iniciada a raíz de la toma de la planta ubicada en General Pacheco, según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo. El conflicto se inició hace casi dos meses cuando la empresa despidió a 156 trabajadores, de los cuales unos 70 aceptaron el pago de la indemnización o el retiro voluntario. A los 86 trabajadores restantes, se le sumaron otras 36 suspensiones, que totalizaron 122 de los cuales 50 fueron reincorporados, con lo que quedan 72 empleados aún cesanteados.


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