Kraft: fuerte crítica de UIA contra el desborde sindical

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La Unión Industrial Argentina (UIA) se manifestó «preocupada» por la sostenida toma de la planta que tiene la empresa Kraft

Foods
en General Pacheco. La entidad que preside Héctor Méndez calificó esa toma de «actos de intimidación y ocupación del establecimiento que impiden su operación y el normal desenvolvimiento de las tareas regulares de la misma».

El comunicado de la UIA agrega que «la metodología abiertamente ilegal adoptada por un grupo de operarios desconociendo la intervención de la autoridad pública y judicial configura una directa violación de derechos constitucionales, afectan la seguridad jurídica y el clima necesario para la inversión y creación de empleos formales». Finaliza pidiéndoles «a las autoridades competentes que aseguren el pleno ejercicio de la libertad de trabajo, el derecho constitucional a ejercer toda industria lícita y la libertad de tránsito».

El problema de Kraft, sumado a la huelga que viene protagonizando un sector de ex delegados de Metrovías (ver pág. 20), tiene sumamente preocupada a la dirigencia empresarial, que ve cómo ni el Gobierno ni la Justicia logran o se deciden a encauzar una (por ahora incipiente) ola de rebeldía gremial que desborda a las conducciones sindicales «naturales». Ayer, la más alta dirigencia de la UIA estuvo reunida en su sede de la Avenida de Mayo con este solo punto en el temario.

El conflicto -según fuentes locales de la empresa- es seguido con mucha atención en la casa matriz de Kraft Foods, en Chicago. Si bien el peso de su operación argentina no es del todo significativo en las cuentas globales de este gigante alimentario, también es cierto que esta toma llega en el peor momento posible para Kraft, que está en plena negociación para comprar la británica Cadbury. Esta firma, a su vez, es la «heredera» de la local Stani, comprada a la familia Stanislavsky a principios de la década del 90.

La situación en una de las principales alimentarias del país -dueña de todas las marcas que fueran de Terrabusi, comprada por Nabisco para esa misma época, la que a su vez fue adquirida a nivel global por Philip Morris/Kraft Suchard- se arrastra desde principios de julio, cuando medio centenar de trabajadores despedidos de la empresa ocupó la planta, impidiendo el ingreso de más de 3.500 empleados (2.800 de ellos operarios; el resto, administrativos). Desde entonces, la planta trabajó de manera intermitente, hasta llegarse a la inactividad total desde el día 9 de este mes.

Gripe A

El paro -igual que sucede en Metrovías- es motorizado por un reducido sector de delegados que responden a grupos de ultraizquierda como PO, PST, PCR y CCC. En julio esos delegados reclamaron el cierre de la planta y licencia con goce de sueldo a todo el personal hasta que se superara el brote de la gripe porcina. La pretensión fue rechazada por la empresa, en línea con lo dispuesto por el Gobierno nacional, que pidió continuar con las actividades productivas.

Así las cosas, ese grupo rodeó la planta el 3 de julio, impidiendo la entrada y salida del personal. Se inició un largo período de conciliación obligatoria dictada por el ministro Carlos Tomada, tras el cual la empresa despidió a los 155 empleados que identificó como participantes de la toma. Se abrió una nueva instancia de conciliación ante la cartera laboral que culminó el 9 de setiembre; la empresa mantuvo su decisión de despedir a los 155 (10 de ellos delegados y congresales), y los huelguistas en tomar la planta.

La empresa pidió la intervención de la Justicia: de la penal para que disponga el desalojo de la planta, y de laboral para que determine el estatus legal de delegados y congresales sindicales. El juez Ricardo Costa, titular del Juzgado en lo Penal N° 1 de San Isidro, se excusó de ordenar el desalojo pedido por la fiscal, argumentando que el conflicto tenía «origen gremial». La medida fue apelada y hoy está en Cámara.

Está claro que ni el magistrado ni el Gobierno quieren cargar con la foto de la Policía desalojando con bastones, cascos y escudos las instalaciones industriales de Kraft. Pero también es cierto que, de no solucionarse el conflicto de algún modo, los ocupantes de la planta podrían decidir permanecer allí «sine die», contando con el apoyo económico que les allegan sus camaradas de los grupos de ultraizquierda. Ésa sería la apuesta: está claro que la empresa no puede permanecer cerrada sin plazo, y los «delegados» confían en lograr «la reincorporación de los 155 compañeros», que es su consigna.

Ayer, este grupo marchó desde Plaza Italia hasta la Embajada de Estados Unidos (ubicada a pocas cuadras de allí, en el barrio de Palermo) con la intención de entregar un petitorio. No fueron recibidos, por lo que procedieron a cortar la avenida Sarmiento, que vincula los bosques de Palermo con Plaza Italia, como ya habían hecho con el Acceso Norte y la zona de Retiro.

Sergio Dattilo

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