La agenda pendiente complica el alineamiento de gremios oficialistas

Hugo Moyano y Pablo Micheli, líderes de las tendencias antikirchneristas de la CGT y la CTA, respectivamente, han unido fuerzas para imponerle al Gobierno nacional una agenda de temas que, en rigor, también comparten las centrales oficialistas.

Cristina de Kirchner puede darse por satisfecha con los resultados obtenidos en su vínculo con el sindicalismo. A lo largo de 2012 consiguió todos los objetivos que se había trazado: moderar la pauta salarial, centralizar en su persona la gestión de la política de ingresos, restringir al máximo la distribución de los recursos estatales (Impuesto a las Ganancias y asignaciones familiares) y cerrar la canilla de fondos de las obras sociales administrados por el Estado. Lo pudo llevar a cabo gracias a una meticulosa tarea divisionista en el movimiento obrero. La prueba piloto que significó la fractura de la CTA, en 2010, se repitió de manera casi calcada este año en la CGT.

En líneas generales, los dirigentes sindicales coinciden con este diagnóstico, más allá de las vertientes en las que estén inscriptos. Pero lo que la inmensa mayoría desconoce es hacia dónde llevará la mandataria ese trofeo en el año por comenzar.

No hablan con ella. Por supuesto, ninguno de los aliados de Hugo Moyano. Pero tampoco los de las ramas oficialistas de la CGT y CTA. Apenas mantienen contactos esporádicos con funcionarios por temas puntuales, y acaso alguna reunión formal con la jefa de Estado en la que «la señora» (como la mentan en la central de Antonio Caló) ocupa todos los espacios con discursos y bajadas de línea no muy disímiles a las de las cadenas nacionales.

Para arrimar pronósticos sobre los próximos pasos de la mandataria abrevan en la lectura (pocos, hay que decirlo, en persona; los más a través de sus asesores) de Ernesto Laclau. Constatan allí con preocupación que la variante populista de Cristina de Kirchner prescinde de las mediaciones institucionales. En su caso, de los gremialistas. Lo verifican en cada intento de gestionar medidas. Lo que en tiempos de alianza con Moyano era un toma y daca, no exento de chispazos, de la reelección a esta parte se convirtió en meras propuestas a los funcionarios que son devueltas con resoluciones que conservan un porcentaje mínimo de los originales.

Sucedió con Ganancias: las charlas que mantuvieron en octubre Gerardo Martínez (UOCRA, CGT-Caló) y Hugo Yasky (docentes, CTA oficialista) dejaron la certeza de que el Gobierno aceptaría finalmente una reforma acotada del mínimo no imponible, a través de un galimatías que debía reducir el impacto del gravamen sólo en el último trimestre del año. La revisión de los números para fin de año truncó esa certeza y dio como resultado una modificación más tacaña, limitada al medio aguinaldo de diciembre. Había sucedido antes con las asignaciones familiares: los pedidos de un ajuste en línea con las estimaciones inflacionarias de las provincias y las consultoras fue respondido con un incremento de ese porcentaje (25,9%), pero financiado con los recursos de los propios beneficiarios del sistema. Es decir, los que cobran más pagaron la extensión y suba del salario familiar de quienes tienen sueldos más bajos.

Por supuesto, ocurrió también con los recursos de las obras sociales: de los casi $ 20 mil millones reivindicados como deuda estatal por los sindicalistas, el Gobierno apenas concedió el 10% en cómodas cuotas mensuales, y la agilización de los pagos por los tratamientos por discapacidad.

Planes

Apenas un puñado de sindicalistas logra penetrar el cerco de silencio autoimpuesto del círculo más próximo de Cristina de Kirchner. Allí escuchan previsiones menos optimistas para la economía de 2013 que las manifestadas incluso por especialistas disgustados con el Gobierno. La recuperación de la economía de Brasil -tracción fundamental para las fábricas argentinas- y el sostén en el precio de la soja podrían dilatar su derrame en las cuentas domésticas hasta el segundo semestre del año, dice allí.

Claro que en el Gobierno tienen la convicción de repetir la dinámica que los Kirchner pusieron en práctica desde los tiempos de Santa Cruz, de restricción del gasto en años no electorales y distribucionismo en los meses previos a las votaciones. Y 2013 es un año electoral.

La incógnita que sobrevuela la Casa Rosada y también las oficinas de los sindicatos es cómo hará el Gobierno para poner en ejecución esa premisa en un escenario de eventual carestía. En los mismos ejes de los debates que cruzaron 2012 está la respuesta. Ganancias y obras sociales.

Sobre el impuesto, un tema que impulsan con fuerza Hugo Moyano y Pablo Micheli, la jefa de Estado mandó a sus funcionarios a encarar un proyecto de reformulación completa. Detesta Cristina de Kirchner cuando desde el gremialismo disidente martillan contra el «impuesto al trabajo». A la pregunta de cómo se hará para eliminar el gravamen sin resentir las cuentas fiscales, en espacios reservados los especialistas del Gobierno contestan con que las escalas de ingresos más altas serán las responsables de financiar el bache. Si el tope de retención por Ganancias es del 35% en la actualidad, algunos proyectan importar las estructuras tributarias de los países más desarrollados, donde la cúspide de la pirámide tributa hasta la mitad de sus remuneraciones mensuales.

La lógica es similar a la del último cambio en las asignaciones familiares, y también a la impuesta entre los jubilados: durante años, los gobiernos de los Kirchner sólo elevaron los haberes mínimos, por decreto, y mantuvieron congelados los superiores, hasta que la Corte obligó la sanción de la ley de movilidad en 2009. Para entonces ya se había logrado un achatamiento de la pirámide jubilatoria. No será tan sencillo repetir el esquema con Ganancias: a diferencia de los jubilados, los más castigados frente a ese eventual escenario cuentan con amplios mecanismos de presión, y por otro lado, habrá que conjurar el efecto desaliento que implicaría retener más cuanto mayor fuese la responsabilidad del contribuyente.

Pero el mayor desafío pasará por la administración de los recursos de las organizaciones de salud de los sindicatos. Cristina de Kirchner sabe que ésa es la víscera más sensible de los sindicalistas. «Les vamos a declarar la guerra total, van a tener que matarnos a todos», fue la respuesta que dio semanas atrás Oscar Lescano (Luz y Fuerza) cuando se le consultó cuál sería la reacción frente a una eventual estatización del sistema sindical de salud. Pese a sus exabruptos y sincericidios frecuentes, Lescano suele expresar el inconsciente colectivo de sus pares. Quien se anima a explorar ese escenario apocalíptico es el jefe del PAMI, Luciano Di Césare. La jefa de Estado utilizó en 2012 el sistema «policía bueno, policía malo» con la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, en el papel de la conciliadora, y Di Césare en el de monje negro. Esa dinámica bastó para que los gremialistas de la CGT oficialista vieran como un triunfo la suspensión de una resolución que consagraba la máxima discrecionalidad en la distribución de fondos para las obras sociales y que los obligaba a renunciar a la deuda de los $ 20 mil millones a cambio de desembolsos, en comparación, pigmeos.

Esa suspensión no implicó en modo alguno el viraje a una acción manirrota del Estado. Por el contrario, los gerentes de las obras sociales (en su mayoría, los mismos de los sindicatos) están convencidos de que deberán rogar por cada remesa abroquelada en el retén Di Césare-Korenfeld. Y, sobre todo, que lo harán bajo la sombra del proyecto que guarda el jefe del PAMI y que prevé una absorción por parte del Estado de las prestaciones brindadas por las obras sociales. Y con ello, de sus cuantiosos recursos.

Suelen responder los dirigentes que el Gobierno no se animará a esos extremos, a riesgo de colapsar un sistema que atiende en la actualidad a casi la mitad de la población argentina. El sistema de salud está dividido entre los 19 millones de afiliados de las obras sociales, los cerca de 5 millones del PAMI, los más de 6 millones que buscan cobijo en las empresas de medicina privada y el resto, a cargo de los hospitales públicos.

Una de las claves para la reformulación integral del sistema que alientan algunos sectores del Ejecutivo es la existencia de una creciente duplicidad de sistemas, y por lo tanto de recursos. Es que la mayoría de los afiliados de las prepagas (se calcula que más de 4,5 millones) llega a esas empresas derivados por una obra social. El huevo de la serpiente de la mayor amenaza para los sindicalistas son, valga la ironía, los sindicalistas. n