La Argentina define oferta, sin cupón, para presentar en EE.UU.

• Buscan aceptación clave de los 11 bonistas individuales en juicio

Amado Boudou

El equipo económico terminará de diseñar en las próximas horas la oferta técnica para una tercer reapertura de canje de deuda. El escrito será remitido luego a Nueva York para que lo revisen legalmente los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton. Éstos lo reenviarán a Buenos Aires e inmediatamente la propuesta será entregada a Cristina de Kirchner. Una vez que la Presidente dé el visto bueno, lo que puede ser antes del viernes o a comienzos de la próxima semana, el escrito será formalmente entregado por los abogados Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi a la Cámara de Apelaciones de Nueva York para que los jueces determinen si la aceptan o no como propuesta de pago a los fondos buitre.

Mientras tanto, también en Nueva York, los abogados del estudio que representa al país comenzarán a hacer, con absoluta prudencia, un sondeo clave. Intentarán tomar contacto con los abogados o representantes de los bonistas individuales que le hacen juicio a la Argentina junto con los fondos buitre, y que de alguna manera se colgaron de la demanda de Elliott, Olifant y Aurelius, los más importantes de la demanda que debe resolver la Cámara.

Según los cálculos de Economía, habría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares aún en default, de los cuales no menos de u$s 7.000 millones estarían en poder de los fondos buitre y resultarían una causa perdida para cualquier presentación para regularizar la deuda. Es el dinero que permanece en poder de Elliott, Dart (especialmente estos dos), Olifant, Aurelius, Blue Angel y Master, entre otros. Habría luego entre 2.000 y 3.000 millones en manos de particulares, que si ingresan en el tercer canje llevarían al 95% el porcentaje de aceptación de la reestructuración del pasivo argentino (incluyendo los llamados de 2005 y 2010), una barrera psicológica importante para reforzar la negativa a acordar un pago del 100% con los fondos buitre. La nómina de acreedores particulares que se incluyen en el juicio contra la Argentina (que fueron sumados a la demanda de Elliott por decisión del juez Thomas Griesa hace tres años), muestra que se trata casi con seguridad de ahorristas argentinos o, al menos, latinoamericanos. Se trata de Pablo Alberto Varela, Mirta Susana Dieguez, María Evangelina Carballo, Lila Inés Burgueño, Leandro Daniel Pomilio, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez, Norma Haydee Gines y María Azucena Vázquez. Todos tienen sus propios representantes, y sobre éstos intentarán avanzar los abogados de Nueva York. "La peor gestión es la que no se hace", aseguró ayer a este diario un alto funcionario del equipo económico argentino que participa activamente de la estrategia oficial. Se refería al contacto que Blackman y Boccuzzi, y otros profesionales del estudio Cleary, intentarán con los bonistas individuales. Según esta visión, si al menos dos o tres de éstos mostrara interés, y el dato llega al juez Daniels Barrington Parker (el hombre a convencer), la mitad de la estrategia estaría ganada.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el equipo de Hernán Lorenzino, con el apoyo técnico del vicepresidente Amado Boudou ya formalizado para este tema, comenzó ya el fin de semana a trabajar sobre la propuesta de reapertura del canje. Éste no podrá ser en mejores condiciones que el de 2010, el que también diseñaron Boudou, Lorenzino y el actual secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, cuando el ahora vicepresidente manejaba el Palacio de Hacienda.

La clave del tercer llamado, para que se convierta en una propuesta peor que la de 2010, es que no tendría la emisión de un bono del tipo Cupón PBI. Tendrá además una quita del 75% y la emisión de títulos públicos hasta 2038.

Ayer, tanto Cristina de Kirchner como Hernán Lorenzino insistieron en la posición argentina sobre los fondos buitre. La jefa de Estado repitió tramos de su discurso ante la Asamblea Legislativa, al asegurar que el país está "dispuesto a pagar a estos fondos buitre, pero no en mejores condiciones que al 93% que entró al canje" y que "de triunfar la postura absurda del 7% de fondos buitre -algo que ni siquiera tiene lógica-, la Argentina tendría que volver a pagar u$s 170.000 millones y volvería a quebrar". Lorenzino dijo: "Vamos a presentarle a la Corte una propuesta que esté en línea con la oferta que hicimos en 2010".