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La Argentina negó en La Haya que el Uruguay informase sobre papeleras
La embajadora Susana Ruiz Cerutti, en la tercera jornada de audiencias en La Haya, dijo que Uruguay nunca pidió permiso oficial para la instalación de la pastera de Botnia. Mañana termina la exposición argentina.
Ruiz Cerutti sostuvo, además, ante los jueces de La Haya que Uruguay debía consultar a las poblaciones afectadas por las pasteras antes de autorizar su construcción y acusó a ese Estado de presentar los Informes de Impacto Ambiental a destiempo, cuando la decisión sobre Botnia ya había sido tomada.
«Uruguay pretende afirmar que hubo un consentimiento de la Argentina a la violación del artículo 7 del Estatuto», afirmaron Cerutti y el especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra Marcelo Kohen, al intervenir ante la Corte.
El artículo 7 hace referencia a que la parte que proyecte obras que puedan afectar la «navegación, el régimen del río y la calidad de sus aguas» deberá comunicarlo a CARU, el órgano encargado de determinar si el proyecto puede producir perjuicio sensible al otro. «En ningún momento las partes acordaron no aplicar el Estatuto de 1975, tal como afirma Uruguay. Es evidente que no ha sido así», subrayó Kohen.
Según explicó, durante las dos reuniones del CARU en las que la Argentina condenó las autorizaciones para construir ENCE y Botnia, «ningún miembro de la delegación uruguaya afirmó que las partes hubieran salvado los obstáculos para llegar a un acuerdo para la construcción de las pasteras».
«Uruguay quiere hacer creer que las negociaciones paralelas pueden sustituir los procesos previstos en el Estatuto», remarcó.
Sustitución
«Si las negociaciones directas llevadas a cabo entre octubre de 2003 y mayo de 2006» hubiesen conducido a un acuerdo, éste «no sustituye las obligaciones hacia el Estatuto», expresó el especialista. Kohen subrayó que «Uruguay ha intentado imponer a la Argentina la construcción de dos plantas en la rivera izquierda del río compartido, sustituyendo el procedimiento establecido en el Estatuto».
Por su parte, la especialista en Derecho Internacional Laurence Boisson, otro de los abogados que forman parte del cuerpo de asesores de la Argentina para este caso, acusó a Uruguay de presentar los Informes de Impacto Ambiental de las pasteras después de haber autorizado su construcción y sin haber consultado a las poblaciones afectadas, como establece la normativa internacional.
«Consultar a los afectados por el proyecto es un paso básico en la elaboración de Informes de Impacto Ambiental», remarcó Boisson.
«Los estudios debían haberse realizado en el marco del Estatuto del Río Uruguay», que claramente no aprueba la construcción de una obra que afecte el río sin antes evaluar su impacto, indicó.
El Gobierno uruguayo «no tuvo en cuenta alternativas al emplazamiento de Botnia, ni contaba con informes medioambientales» antes de tomar la decisión, indicó.
La profesora de la Universidad de Ginebra señaló también que el informe encargado por Uruguay a la Corporación Financiera Internacional de Banco Mundial (BM) es «incompleto», porque se limita a Fray Bentos, y tenía como único objetivo respaldar la decisión previamente tomada de instalar la pastera en el margen izquierdo del río.
Informe
En contraste con esos estudios, el especialista en Oceanografía de la Universidad de Québec y profesor de la Facultad de Ciencias y Museo de la Universidad de La Plata, Juan Carlos Colombo, presentó los resultados del informe científico-técnico elaborado sobre la base del Plan de Vigilancia del Río Uruguay que monitorea el funcionamiento de Botnia desde su entrada en funcionamiento, en noviembre de 2007.
El experto destacó que los informes de la Argentina son el resultado de un trabajo de campo «constante», «amplio y complejo», con lo que «se puede detectar el daño en el ecosistema del río», en contraste con los datos presentados por Uruguay, que son «limitados a nivel temporal y espacial», e «incapaces de detectar cambios e incluso daños irreparables».
Colombo dijo que Botnia vierte al río «decenas de miles de toneladas de contaminantes al año». Desde que entró en funcionamiento, también se ha constatado un empeoramiento de la calidad del aire, debido a los humos y olores a «huevo podrido» que no llegan sólo a la costa, sino a una distancia de 45 kilómetros hacia el interior de la Argentina, expuso el especialista.
Este «trasvase de contaminación» ha sido negado por Uruguay, subrayó Colombo, quien también se refirió a la floración de algas y a las características específicas del río que, por sus vientos y corrientes, por momentos se convierte en una laguna y es «incapaz de disolver los residuos tóxicos vertidos» por Botnia.
La Argentina expuso ayer sus argumentos en la tercera y penúltima jornada de audiencias en la recta final del proceso iniciado el 4 de mayo de 2006 contra el Estado uruguayo por haber violado el Estatuto del Río Uruguay de 1975 al autorizar la instalación de la pastera finlandesa Botnia y la española ENCE -que quedó fuera del conflicto por su decisión de deslocalizar la planta- en el margen izquierdo del río compartido.
La siguiente semana será el turno de Uruguay, y en la tercera y última ronda, que se cerrará el 2 de octubre, ambos países tendrán dos días para rebatir los argumentos del otro antes de que el juicio quede visto para sentencia.
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