La autarquía de la Corte une a los candidatos

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El debate en torno a la autarquía financiera del Poder Judicial es un lugar común en los campamentos de campaña de los tres candidatos más taquilleros. Habitual demanda de la Corte Suprema, aparece incluso por delante del destino de las dos vacantes que habrá en diciembre en el máximo tribunal. Esto se debe, puntualmente, a que las cuestiones de caja de la Justicia desde hace por lo menos dos años obnubilan al núcleo duro del kirchnerismo, efectos de esa tarde invernal en la cual Ricardo Lorenzetti avisó a Olivos que si la reforma judicial le retiraba a la Corte el control de sus estructuras, el pleno del tribunal garantizaba su renuncia inmediata.

Actualmente la Corte tiene control sobre sus propios recursos, que incluyen un fondo anticíclico en dólares. En cuanto a las gastos de todo el Poder Judicial, estos provienen de las arcas de la Magistratura. Cuando esos fondos se agotan, lo cual sucede inexorablemente porque el inciso dedicado a sueldos no resiste los permanentes incrementos salariales (jueces y funcionarios tienen una de las mejores paritarias), la Corte requiere una ampliación presupuestaria que debe firmar el jefe de Gabinete. Una invención de Néstor Kirchner resuelta tras algunas tensiones con Enrique Petracchi cuando a éste le tocó ser presidente del tribunal.

El reclamo cortesano por la autarquía, que le daría control absoluto de los recursos a Héctor Marchi, administrador de la Corte y que escribió un libro defendiendo este concepto, está instalado en los entornos de los candidatos como un factor no menor en el relacionamiento con los tribunales. Quien no tuvo inconveniente en manifestarlo fue Sergio Massa, el domingo por la noche en la UBA. El diputado reclamó abiertamente la autarquía para la Corte y apeló a una figura concreta: "No puede ser que el administrador de la Corte no pueda asignar un contrato a un juez de una provincia".

Esa frase fue muy registrada por el oficialismo, especialmente por aquellos que alimentan en encuentros reservados la idea de una sintonía total entre Massa y la Corte. Mayores recaudos abundan en el macrismo. Ernesto Sanz, ya nominado por el alcalde porteño para el Ministerio de Justicia ante un eventual Gobierno, también cree en la autarquía y así lo ha manifestado en sus incursiones al cuarto piso.

El senador suele vincular el concepto financiero con la idea de un Poder Judicial con "independencia plena". Más allá de la retórica, es una muestra de pragmatismo en pos de establecer un vínculo estrecho con un poder de Estado ya dando por descontado que la relación con el otro poder (el Legislativo) sería cuanto menos ríspida.

En el búnker sciolista se trata de una idea poco escuchada, pero allí no es necesario: el gobernador impulsa en la Legislatura de La Plata una ley que brinde la autarquía financiera para la Justicia bonaerense. El ministro Ricardo Casal junta por estos días los votos para que ese objetivo se concrete antes de fin de año.

Ese proyecto encierra un mensaje contundente porque Scioli traspasa toda la administración de la compleja Justicia provincial a una Corte que le ha dado dolores de cabeza a lo largo de sus dos mandatos.

Este lugar común, con escasas variantes, genera irritación en el kirchnerismo, especialmente en aquellos sectores que recurren a la Constitución para instalar que el control de todos los recursos debería ser para el Consejo de la Magistratura, que carga con la mayor densidad del gasto.

Se trata de un debate que entusiasma al oficialismo fundamentalmente porque las modificaciones no requieren mayores esfuerzos: están a tiro de un decreto. Es un plano diferente de lo que sucede con la ampliación de la Corte, que debería votarse por mayoría simple en el Senado o un nombramiento que precisa de 2/3 de la Cámara alta.

Este enfoque aparece además en múltiples encuentros en los que se analiza el presente cortesano. En la última cumbre de la corriente Justicia Legítima, Eugenio Zaffaroni apareció para fustigar el funcionamiento interno del tribunal. Este diagnóstico se complementó con otras observaciones referidas a los recursos y a la administración y a recalcar la letra constitucional que otorga la administración a la Magistratura.

Los sectores judiciales más distantes al Gobierno y que no coinciden con la moderación que exhibe Lorenzetti ven en esta puja subterránea un mecanismo de coacción que el kirchnerismo busca aplicar a la Corte. Un mecanismo de presión que estaría incluso a un nivel superior de los debates sobre cuántos jueces debe tener el tribunal o los que versan sobre el perfil que debieran exhibir los reemplazos de Carlos Fayt o Zaffaroni.

Ese relato se alimenta de elementos reales, como la decisión de la Corte de no emitir fallos estridentes en plena temporada electoral. Camaristas y jueces federales de ideas contundentes respecto del Gobierno señalan la no intervención del máximo tribunal en el debate por la ley de subrogancias o en las polémicas de tinte electoral.

La diferencia entre esos jueces y la Corte es la dimensión que cada uno le otorga al destino inmediato. Mientras el de los primero no ofrece grandes emociones, el de la Corte está dominado por incógnitas cuya respuesta será decisiva. Una respuesta que hoy por hoy está más en la política que en los propios tribunales.

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