La Cámara confirmó el procesamiento de Mauricio Macri por las escuchas

Mauricio Macri ayer en República Dominicana junto al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Unión de Ciudades Capitales que se reúne en Santo Domingo.

La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional confirmó por unanimidad el procesamiento de Mauricio Macri como supuesto partícipe de una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales.

Lo más significativo de la resolución fue el posicionamiento del tribunal respecto del supuesto armado de «un aparato de inteligencia clandestina» dentro del Gobierno porteño, a partir de la constitución de la Policía Metropolitana, que habría sido organizado por su ex jefe, Jorge «Fino» Palacios, con la supuesta anuencia del jefe de Gobierno porteño.

Los jueces dieron por acreditada una presunta asociación ilícita dedicada a intervenir teléfonos (a través de los juzgados de Misiones), entre otras tareas de investigación, que habría sido orquestada por el comisario retirado. Para el tribunal, la relación de Palacios con Macri en este punto fue fundamental, así como la contratación irregular del supuesto espía Ciro James en el Ministerio de Educación porteño.

Si bien los camaristas no consideran al jefe de Gobierno un integrante directo de ese «aparato de inteligencia», sí concluyeron que habría dado su visto bueno para que Palacios desarrollara esas supuestas actividades ilícitas. Entre sus argumentos, el tribunal se remite incluso a «la importancia prioritaria que dentro del proyecto político» del gobernador porteño «ocupaba el problema de la seguridad».

La situación de Macri, a partir del fallo de la Cámara, quedó seriamente comprometida. Sobre todo porque, más allá de que los camaristas tuvieron en cuenta las supuestas conexiones señaladas por el juez Norberto Oyarbide entre el jefe de Gobierno y dos de las personas intervenidas de manera irregular -su cuñado, Néstor Leonardo, y el familiar de las víctimas de la AMIA Sergio Burstein-, el foco de la imputación estuvo puesto en la supuesta instalación de un aparato de inteligencia prohibido en la Ciudad de Buenos Aires.

El próximo paso para la defensa del jefe de Gobierno es apelar esta decisión del tribunal de alzada ante la Cámara Nacional de Casación Penal, ante la que invocará el argumento de «gravedad institucional» que implica este caso para que analice el recurso. Es difícil que este tribunal acceda a este tipo de recursos, debido a que causas como la de Macri no plantearían ninguna violación a garantías constitucionales, como ocurre en los de procesamientos con prisión preventiva, por ejemplo. Esto no descarta que el máximo tribunal del país haga lugar a un reclamo en queja.

Además de confirmar el procesamiento del gobernador porteño, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron los procesamientos por presunta asociación ilícita dictados por Oyarbide sobre los jueces destituidos de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, y la ampliación de esta medida para Palacios, por otras pinchaduras como las del empresario Carlos Ávila. El único que recibió una buena noticia ayer fue el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, cuyo procesamiento por presunto encubrimiento fue revocado.

Entre sus argumentos más importantes, la Cámara sos

Respecto de la situación de Macri:

Los jueces analizan el curriculum vitae aportado por James a la Policía Metropolitana y resaltan que allí se mencionan sobre todo sus aptitudes como «experto en inteligencia, especialmente idóneo en materia de comunicaciones». «Aquí se suscita el primer problema: la Policía Metropolitana tenía prohibido por ley producir el tipo de inteligencia que ha salido a la luz a partir de la presente investigación. (...) Por lo tanto, ¿qué haría un experto en aquel tipo de inteligencia en una institución que tenía prohibido hacerla?», subraya el tribunal. 

«La fuerte vinculación con J.A. Palacios, la intromisión en datos privados de personas consideradas opositores políticos -a través de una empresa de seguridad a éste atribuida-, el nombramiento de C. James -un hombre de su equipo- con alta remuneración en un área de la administración totalmente ajena a la seguridad, la total ausencia de contraprestación acreditada en esa área y, en oposición, su cercanía a la Policía Metropolitana, son elementos que consolidan la hipótesis de la querella». 

«Es posible que M. Macri no conociese personalmente a James; sin embargo, es muy difícil sostener que no estaba al tanto de la tarea que en materia de seguridad le había encomendado a Jorge A. Palacios». 

«La importancia prioritaria que dentro del proyecto político encabezado por Mauricio Macri ocupaba el problema de la seguridad conduce a corroborar que el jefe de Gobierno no era ajeno a la apuesta del aparato de inteligencia clandestino aun cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento. En este contexto, la pinchadura del teléfono de su cuñado y la pinchadura del teléfono de Sergio Burstein vienen tan sólo a confirmar el producido de una matriz». 

«La conclusión provisoria, sobre la base de los antecedentes relevados, es que el funcionamiento de este aparato, su actuación y procedimientos de acción, fue tolerado y consentido por el jefe de Gobierno. Habría habido aquiescencia de parte de Mauricio Macri respecto del proceder de Jorge A. Palacios, lo que lleva a ratificar que ocupó un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su Gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar».

Respecto de los jueces destituidos Rey y Gallardo, «la intervención telefónica impone al juez un escrutinio severo del que no puede apartarse so pretexto de una coyuntura laboral desfavorable. Si lo hiciese, estaríamos cuanto menos frente a un actuar negligente. (...) Sin embargo, se han acreditado una serie de circunstancias que comprometen aún más su situación y que en lugar de una ceguera describen una organización que supone un actuar consciente en pos de una finalidad ilícita».

En este punto, la Cámara señala que los ex magistrados no respetaron su jurisdicción para ordenar las intervenciones, no argumentaron ni informaron la necesidad de esas pinchaduras, ni qué debía hacer James con los casetes que retiraba de la SIDE.

Respecto de la ampliación del procesamiento de Palacios por las intervenciones a Ávila -escuchado desde 2007-, Daniela Roca, Rodrigo Blas Velazco y Diego Natalio Molaro, la Cámara destacó que «la clave de la sospecha no está ahí sino en la vinculación directa y de subordinación (...) de James respecto a Palacios».

Respecto del rechazo del procesamiento de Narodowski, dijo:

-«No se ven en este caso los elementos de cargo que permitan sostener provisoriamente la responsabilidad de Narodowski. Particularmente, no tenía vinculación con el área de seguridad del Gobierno, ni relación con Jorge A. Palacios, como tampoco relación directa con C. James. A lo anterior se suma que, siguiendo sus dichos y los de Macri, su materia de incumbencia habría estado limitada a lo pedagógico, permaneciendo al margen de la administración de la infraestructura y personal de su Ministerio».