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La cara oculta de los éxitos en la lucha contra el terrorismo
Àlvaro Uribe
Portando fotografías, recortes de diarios y pedidos a cortes internacionales para que se ocupen de su caso, madres y esposas de jóvenes de la localidad de Soacha -contigua a Bogotá- piden que los asesinatos extrajudiciales de los que fueron víctimas sus allegados sean el eje del debate de campaña.
«¿Cómo puede pretender Santos convertirse en el próximo presidente cuando fue él quien, como jefe de los militares, ordenó el asesinato de nuestros familiares para presentarlos como guerrilleros?», se preguntó Kelly Ortiz, viuda de Daniel Andrés Pesca, una de las víctimas.
El candidato oficialista, que encabeza los sondeos de intención de voto junto al candidato del Partido Verde Antanas Mockus, se defiende argumentando que fue él quien denunció esos crímenes y adoptó correctivos, ante las insistentes preguntas de la prensa.
Colombia presenta un cuestionable balance en materia de derechos humanos. Con más de 3 millones de personas expulsadas de sus hogares por la violencia, a un ritmo de 150.000 por año, este país es, junto con Irak y Sudán, la nación con mayor número de desplazados en el mundo.
Además de los desplazados, se han perpetrado más de un millar de masacres, según la fiscalía, especialmente a fines de los años 90 y principios de esta década.
Defensores de los derechos humanos también han cuestionado lo que consideran «pobres» o «limitados» resultados de la Ley de Justicia y Paz, de 2005, que otorgó beneficios a miembros de escuadrones de ultraderecha a cambio de su desmovilización, confesión de crímenes y reparación a las víctimas, destacando que hasta ahora no se ha producido la primera sentencia.
Además, denuncias de espionaje telefónico, amedrentamiento y seguimientos a magistrados, políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas por parte del organismo de inteligencia adscrito a la presidencia fueron una constante en la era Uribe, quien niega su responsabilidad en esos casos (ver aparte).
Analistas como Lázaro Vivero consideran que la violación de derechos humanos se incrementó en los dos gobiernos de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) como consecuencia de la política de «seguridad democrática», programa bandera del mandatario, que lanzó un combate frontal contra las guerrillas.
«Uribe prometió y aplicó durante sus ocho años de gobierno una política de mano dura contra las guerrillas que se desbordó. Para mostrar resultados, a los uniformados les resultó más fácil asesinar a civiles para presentarlos como rebeldes, en un hecho macabro y cuestionable», los llamados «falsos positivos», señaló Vivero.
La situación de los derechos humanos en la coyuntura colombiana es tal que, según el analista Fernando Cano, de la privada Universidad del Rosario, «del tratamiento que sobre este tema dé el nuevo mandatario penden dos importantes tratados de libre comercio: con Estados Unidos y Europa».
«Ni Uribe ni Santos son conscientes aún de las nefastas secuelas que su descuido a los derechos humanos dejó a la economía colombiana. Nunca tomaron medidas eficaces, y eso va a dejar en una situación incómoda al próximo presidente», precisó.
La ONU denunció «acoso» y «persecución» de defensores de los derechos humanos, «inclusive por miembros del Gobierno de Álvaro Uribe», al lamentar en su último informe que durante 2009, 41 sindicalistas fueran asesinados en Colombia y nueve en lo que va de 2010.
Además, un total de 32 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado.
Agencia AFP
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