Colgados de la luz: más del 15% del consumo eléctrico en Argentina no se factura

Un informe revela que entre el 15% y el 18% de la energía distribuida en el país no se factura. El fenómeno genera pérdidas millonarias y obliga a las distribuidoras a reforzar controles y programas de regularización.

La cifra incluye principalmente las denominadas pérdidas no técnicas, vinculadas al fraude, conexiones clandestinas, manipulación de medidores y otras irregularidades comerciales que impiden el cobro efectivo de la energía consumida.

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Argentina registra niveles de hurto y pérdidas no técnicas de energía eléctrica similares al promedio de América Latina, una problemática que continúa representando uno de los principales desafíos para las distribuidoras y para la sustentabilidad económica de los sistemas eléctricos de la región.

Así surge del estudio "Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe", elaborado por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Universidad de Chile, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el trabajo, entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida en Argentina no llega a ser facturada, un nivel que se ubica levemente por encima del promedio regional, estimado en torno al 17%.

La cifra incluye principalmente las denominadas pérdidas no técnicas, vinculadas al fraude, conexiones clandestinas, manipulación de medidores y otras irregularidades comerciales que impiden el cobro efectivo de la energía consumida.

Un problema que cuesta miles de millones de dólares

El informe estima que América Latina pierde cada año alrededor de u$s16.600 millones como consecuencia de la energía distribuida que no logra ser cobrada por las empresas eléctricas.

Los investigadores señalan que estas pérdidas representan entre el 0,19% y el 0,33% del Producto Bruto Interno regional y constituyen uno de los principales factores que afectan la eficiencia económica de los sistemas eléctricos latinoamericanos.

En muchos casos, además, las pérdidas terminan generando un efecto indirecto sobre los usuarios que sí pagan regularmente sus facturas, ya que parte de esos costos son absorbidos por el sistema a través de distintos mecanismos tarifarios.

El trabajo remarca que el fenómeno no responde exclusivamente a cuestiones técnicas o comerciales, sino que también está asociado a factores sociales, regulatorios e institucionales.

"Las pérdidas de electricidad constituyen uno de los desafíos estructurales más persistentes y de mayor impacto financiero en los sistemas eléctricos de América Latina y el Caribe", señala el informe.

Muy lejos de los niveles recomendados por la OCDE

Los porcentajes registrados en Argentina y en gran parte de América Latina se ubican muy por encima de los estándares internacionales.

De acuerdo con el estudio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera razonable que las pérdidas totales de energía —incluyendo tanto las técnicas como las no técnicas— no superen el 10%.

En los países desarrollados, los niveles promedio rondan incluso el 6%, menos de la mitad de los registrados actualmente en Argentina y en buena parte de la región.

Cómo se ubica Argentina frente a otros países

El relevamiento abarcó 26 países y analizó información aportada por 37 empresas distribuidoras de energía. Dentro de ese universo, Argentina aparece en una posición intermedia.

Mientras Perú es señalado como uno de los casos de referencia por sus bajos niveles de pérdidas, países como Paraguay registran porcentajes cercanos al 25%. Los escenarios más complejos corresponden a Venezuela, Honduras y Jamaica.

Brasil, pese a los esfuerzos realizados durante los últimos años, mantiene pérdidas cercanas al 14%, mientras que México presenta indicadores significativamente mejores, con un nivel total de 10,51%, dividido casi en partes iguales entre pérdidas técnicas y no técnicas.

El estudio también muestra la dimensión del mercado eléctrico argentino, que con una demanda de 142.789 gigavatios hora se ubica entre los tres más grandes de América Latina, detrás de Brasil y México.

El caso argentino y las experiencias de regularización

Entre las distribuidoras argentinas que participaron del estudio figuran la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), Secheep de Chaco, EDEA, EDESA y Edesur.

Los investigadores destacaron especialmente las experiencias desarrolladas por EPE y EPEC para abordar situaciones de informalidad eléctrica en barrios populares.

Según el informe, ambas compañías impulsaron programas de inclusión eléctrica que combinan inversiones en infraestructura, regularización comercial y capacitación comunitaria, en coordinación con gobiernos provinciales y municipales.

La estrategia incluye obras previas a la formalización del servicio y acciones orientadas a promover el uso responsable de la energía mediante el trabajo con referentes barriales.

El estudio señala que estas iniciativas permitieron mejorar las tasas de permanencia de los usuarios formalizados y reducir los niveles de reincidencia en prácticas de fraude eléctrico.

Tecnología y control para reducir pérdidas

Otro aspecto destacado por los especialistas es la incorporación de herramientas tecnológicas para reforzar los controles.

En el caso de la EPE, el informe menciona avances en sistemas de telemedición para grandes usuarios industriales y comerciales, que representan cerca de la mitad de toda la energía facturada por la empresa santafesina.

También se valoran los sistemas de geolocalización, digitalización de inspecciones y registro fotográfico de irregularidades, mecanismos que permiten fortalecer los procesos administrativos y judiciales vinculados a la recuperación de energía no facturada.

Para los autores del trabajo, la combinación entre tecnología, controles eficientes, infraestructura adecuada y políticas de inclusión aparece como una de las herramientas más efectivas para reducir un problema que continúa representando miles de millones de dólares de pérdidas cada año en América Latina.