En este 2018 nuevamente aparece como cuestión central en el mundo de las relaciones laborales la negociación salarial. El flagelo de la inflación que azota a nuestra economía desde hace años es muy probable que nos siga acompañando un tiempo más, según los análisis de los economistas especialistas en la materia, y esto pone a prueba la capacidad y el ingenio de los actores sociales para poder recomponer el poder adquisitivo del salario, sin que ello implique un incremento en los costos de la mano de obra que torne inviable la actividad económica del empleador obligado a pagarlo.
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Muchas veces la negociación centralizada que propone nuestro marco normativo concluye y no se terminan de visualizar los efectos que genera. Desde empresas que recortan personal por imposibilidad de mantener el plantel dada la erogación que esto le insume, pasando por aquellas que incumplen los acuerdos asumiendo los riesgos que ello conlleva, hasta finalmente otras, en particular algunas pymes o microemprendimientos que optan por realizar contrataciones o pagos no registrados.
Y finalmente la víctima primera de estas medidas es el trabajador asalariado, a quien afecta cualquiera de las "soluciones" antes mencionadas.
Por supuesto que es razonable y necesario repudiar cualquier maniobra que implique incumplir lo pactado en términos de una negociación colectiva y las contrataciones irregulares. Pero quedarnos en el discurso no soluciona los problemas mencionados. Ni protege a sus víctimas.
Creemos que todos los actores sociales tienen algo que aportar para que la negociación salarial llegue a buen puerto.
Los empleadores, estableciendo parámetros sobre la inflación prevista que se ajusten a los numerosos análisis que hoy es posible obtener y eventualmente pactando mecanismos de revisión que permitan corregir las distorsiones que se produzcan. Desde ya creemos que dichos mecanismos no deben ser automáticos: en primer lugar, porque la propia Ley 14250 garantiza que si las partes han asumido el compromiso de sentarse a negociar, lo hagan de buena fe. Y en segundo término, porque de este modo se podrá atender la realidad de cada actividad en el momento de producirse la revisión y buscar la solución más satisfactoria para las partes negociadoras en cada caso.
Los gremios, revisando aquellas normas de los convenios que impidan mejorar la productividad de la mano de obra. No estamos hablando de renunciar a derechos legítimamente adquiridos, sino de adecuar los convenios a las nuevas modalidades de prestación de servicio (tiempo parcial, teletrabajo, guardias pasivas, funciones complejas, convergencia de funciones, etc). También sería una contribución importante morigerar los costos indirectos de contribuciones patronales con destino a los gremios (en un esquema que permita distinguir la distinta capacidad de pago de los empleadores comprendidos en cada unidad convencional).
Y el Estado atendiendo a aquellas actividades que por situaciones coyunturales tengan dificultades para solventar la recomposición de los ingresos de los trabajadores, aliviando las cargas sociales a través de los mecanismos previstos en la reciente Reforma Tributaria, e incluso los previstos en el Proyecto de Reforma Laboral que se estima tratar en el corto plazo
El Gobierno ha sostenido y sostiene su voluntad de que en la Argentina se cree empleo de calidad. También es responsabilidad de los actores sociales y del Estado que las negociaciones a realizarse no afecten al empleo ya creado.
(*) Socio del Estudio Adrogué, Marqués, Zabala & Asoc.
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