La Corte declaró ilegal el indulto a Martínez de Hoz

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del indulto que el ex presidente Carlos Menem le concedió al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

El mismo criterio adoptó para el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, quien también había sido beneficiado por un indulto firmado por el ex presidente, en el marco de la causa que investigaba el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto durante el último Gobierno militar. El entonces titular de la firma SADECO SA y su hijo habrían sido privados de su libertad de manera ilegal para ser forzados a concretar operaciones con comerciantes ingleses y chinos, residentes en Hong Kong.

Al justificar la instrucción de esta causa penal contra Videla y Martínez de Hoz, el máximo tribunal se basó en la «obligación del Estado» de investigar y sancionar a los supuestos responsables de delitos de lesa humanidad.

El fallo de la Corte no modifica la situación de Videla, quien, a diferencia del ex ministro de Economía, está detenido porque con anterioridad fue anulado otro indulto en relación con otras imputaciones por delitos de lesa humanidad. En cambio, para Martínez de Hoz esta definición de la Corte podría implicar su detención, cuando el caso regresa a primera instancia.

Las resoluciones sobre Martínez de Hoz y Videla fueron firmadas por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda.

Las defensas habían argumentado el principio «ne bis in idem» que prohíbe que alguien sea juzgado dos veces por el mismo hecho. Pero la Corte destacó «la obligación del Estado de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos».

Al resolver los recursos extraordinarios de Videla y Martínez de Hoz, los jueces del máximo tribunal tuvieron en cuenta el precedente «Mazzeo», en el que la Corte concluyó que los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución nacional, sino a toda la comunidad internacional. Para el tribunal, esos ilícitos son «imprescriptibles» y pueden ser objeto de persecución penal a pesar del paso del tiempo.

Por su parte, el ex ministro de Economía de José María Guido y del último Gobierno militar envió ayer una carta a los medios de comunicación en la que señala:

«A partir de que el presidente (Néstor) Kirchner pidió públicamente mi encarcelamiento el 24 de marzo de 2006, y lo reitera varias veces, diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo.

La Justicia Penal Federal y la Corte Suprema (con escasas y honrosas excepciones) han sido funcionales a esos objetivos. Esto no es sorprendente a la luz de las presiones a las que son sometidos los jueces por el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura».

«En 1998, durante el Gobierno del presidente (Raúl) Alfonsín, después de un largo proceso judicial, la Cámara Federal Penal concluyó que yo era ajeno a la detención de los Sres. Gutheim». «Yo no firmé el decreto que dispuso su detención. Increíblemente se desconoce ahora ese hecho y la sentencia de la Cámara».

«Para ello, en 2006, es decir, dieciocho años más tarde, sin ninguna prueba adicional, se reabre el proceso judicial con el pretexto de recalificar forzada y retroactivamente los mismos hechos como delito de lesa humanidad. Después de la sentencia de la Cámara Federal, se dictó un indulto que no pedí ni me benefició, ya que me había desvinculado expresamente de los hechos investigados. La recalificación de los hechos para anular el indulto no cambia, sin embargo, la declaración judicial anterior».

«El único objetivo del actual proceder es intentar forzar mi encarcelamiento por la sola circunstancia de existir un proceso judicial en curso recaratulado como de «lesa humanidad», aun cuando hace veintidós años se me declaró judicialmente inocente de los mismos hechos».

En el caso Gutheim, inicialmente sólo estaban imputados Videla y el ministro del Interior de ese Gobierno militar, Albano Eduardo Harguindeguy, pero más tarde se imputó a Martínez de Hoz. En julio de 1988, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos de los dos primeros con prisión preventiva por el supuesto delito de secuestro extorsivo reiterado. Esta medida fue revertida por los indultos firmados por Menem, que también afectaron a Martínez de Hoz. Ahora, Martínez de Hoz podría ser juzgado por estos hechos.