22 de diciembre 2015 - 00:00

La Corte en el laberinto: primera cautelar contra designaciones

Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco
Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco
El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla emitió ayer una cautelar contra la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema por decreto presidencial. La medida disparó múltiples contactos y conversaciones en el interior del Gobierno que ahora se muestra desorientado, en un laberinto de tecnicismos al cual se arriesgó para no sólo completar el máximo tribunal, sino también para controlarlo y limitar la influencia de Ricardo Lorenzetti.

El pasado viernes Mauricio Macri envió una señal de distensión a los senadores del peronismo y se mostró dispuesto a no ungir a sus candidatos sin aval del Senado. Ayer el Presidente dijo que su decisión respecto a la Corte no exhibe anomalías legales. Horas antes Elisa Carrió regresó de su estancia en Punta del Este con un proyecto contra la designación de magistrados por decreto.

Giros y cruces que exhiben la realidad que se evidenció casi desde la semana posterior al balotaje: la negativa de Ernesto Sanz a ser ministro de Justicia devino en una atomización de gestores y negociadores (Daniel Angelici, Fabián Rodríguez Simón, Pablo Clousellas, Juan Mahíques y el propio Sanz) que hacen difícil lograr estrategias coordinadas. Todos tienen ideas muy diferentes sobre cómo debe regularse el vínculo con el Poder Judicial no sólo por las formas, sino también por los objetivos.

Esta constelación de interpretaciones se bifurcaba anoche entre quienes promueven la audacia de rebatir la cautelar de Ramos Padilla vía un per saltum con destino final en el cuarto piso (con el argumento de la urgencia para completar la Corte) o bien reducir las revoluciones y dejar que el verano alumbre algún tipo de acuerdo el peronismo que controla el Senado para así completar el tribunal.

La primera línea persigue también generar una instancia de negociación con Lorenzetti: que los jueces por comisión sean ratificados por la Corte a cambio de innovaciones de poca monta en temas puntuales como la economía del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura o la composición de la propia Corte.

Esta percepción tiene su debilidad en que implica una jugada política con límites muy precisos en la jurisprudencia cortesana en cuanto a los controles necesarios para nombrar magistrados. Los fallos "Uriarte", "Rosza", "Rizzo" y "Aparicio" señalan una orientación que no es fácil de soslayar. De hecho, ayer Ramos Padilla, que es sindicado como miembro de Justicia Legítima pero tiene su origen en la Franja Morada, se remitió directamente al fallo Aparicio. Esa resolución fue la que fulminó las designaciones de los conjueces del Senado impulsados por el kirchnerismo.

Tal como contó este diario ayer, la saga de cautelares que hostigaba al kirchnerismo podría volver al ruedo ahora con más fuerza porque en abril de este año la propia Corte convalidó que cualquier juez de rango federal de cualquier geografía está en condiciones de emitir cautelares contra los decretos que emita el Ejecutivo. Anoche en el Ministerio de Justicia ya revisaban qué jueces estarán en la feria estival en el fuero en lo Contencioso Administrativo.

Esta debilidad no es menor si se considera la preocupación del entorno presidencial sobre diversas reformas económicas que no pasarán por el Congreso y desembarcarán directamente en el Boletín Oficial. Al lado de esos borradores, la reforma de las leyes orgánicas del Ministerio Público fiscal parece una cuestión de rango menor.

La medida de Ramos Padilla plantea un desafío de resolución urgente (el Estado debe motorizar la apelación) y la determinación que asuma el Gobierno marcará el pulso de la contienda. Si bien el oficialismo ve en Elena Highton de Nolasco a una opositora, también debería reparar en que ayer en un encuentro para pocos Juan Carlos Maqueda tampoco se mostró satisfecho con el mecanismo utilizado por Macri, el mismo sobre el cual la semana pasada Lorenzetti eligió no pronunciarse.

Señales y declaraciones encriptadas hacen preciso recurrir, antes de fin de año, a diversos ámbitos que pueden aclarar el destino inmediato. Uno de esos terrenos será desde hoy el Consejo de la Magistratura, donde desde la Corte esperan que el abogado Miguel Piedecasas sea elegido como titular del organismo.

Dejá tu comentario