La Corte no quiere juez porteño en causa ocupas

La Corte Suprema apartó a un juez porteño de una causa vinculada a la toma de un complejo habitacional en la zona de Villa Soldati y ratificó la competencia de la Justicia federal. El tribunal advirtió que la causa abierta en la órbita de la Ciudad «podría estar interfiriendo» con la que instruye el juez federal de Quilmes Luis Armella, a quien la Corte delegó la instrucción de todos los sumarios relacionados con el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y con el destino de los actuales habitantes de esa ribera.

Con la firma de seis de sus jueces, el máximo tribunal suspendió el trámite de un expediente a cargo del juez porteño en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo «y de toda otra actuación originada o vinculada con aquella causa» y le ordenó enviarle el sumario principal. En la resolución, la Corte sostuvo que debió tomar intervención en la definición de la competencia «para evitar las graves consecuencias institucionales que podrían derivarse de pronunciamientos judiciales contradictorios».

Sin modificar

Gallardo había respondido en forma favorable a una medida cautelar que apuntaba a brindarles atención sanitaria a los ocupantes del predio de Soldati delimitado por las calles Lafuente, Castañares y Portela, tomado desde hace más de un mes. El pedido original lo había presentado la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. El martes, el mismo juez le ordenó al Gobierno porteño organizar un plan de asistencia para los pobladores de villas. Hasta anoche, Gallardo no había sido notificado de su apartamiento en la causa por la ocupación en Soldati.

La Corte derivará ese sumario a Armella, a cargo de todos los expedientes vinculados al saneamiento del Riachuelo. El juez de Quilmes ordenó en numerosas ocasiones el de-salojo del predio de Soldati, que todavía no se concretó. Semanas atrás, Armella se había declarado incompetente para intervenir en un pedido de la Defensoría General de la Nación orientado a la asistencia sanitaria para ocupantes ilegales, pero la Corte terminó por confirmarlo.

Como parte de la causa principal, caratulada «Mendoza, Silvia Beatriz» e iniciada en julio de 2008, Armella tomó intervención en varios tramos. En el último tiempo, además del desalojo del predio de Castañares, ordenó despejar el denominado «camino de sirga», que incluye 30 metros a partir de la costa, tanto de sus actuales pobladores como de las industrias asentadas en el lugar, para facilitar las tareas de limpieza del Riachuelo.