Un motín en la ciudad de Nisia Floresta dejó 27 muertos, elevando a un centenar los reclusos que perdieron la vida en lo que va de 2017.
BRUTALIDAD. Al menos tres reclusos fueron decapitados en el penal Alcaçuz, en la región de Natal.
San Pablo - Una nueva matanza perpetrada en una cárcel brasileña puso en jaque las diferentes medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de Michel Temer para contener los motines provocados por guerras entre facciones criminales y en los que más de una centena de presos murieron durante la primera quincena del año.
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La muerte por lo menos de 27 presos entre la noche del sábado y ayer al mediodía en la penitenciaria estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del estado de Río Grande do Norte, levantó una vez más la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días.
El más reciente motín, que duró más de catorce horas y terminó cuando la Policía Militarizada irrumpió en el presidio para retomar el control, se produjo pocos días después de que el Gobierno anunció nuevos planes para contener la crisis y evitar más masacres.
El presidente Temer escribió en su cuenta de Twitter que seguía de cerca el caso de Alcaçuz y ordenó prestar "todo el auxilio necesario" a las autoridades de Rio Grande do Norte.
El Ministerio de Justicia convocó a los secretarios de Seguridad de todos los estados del país a una reunión mañana para estudiar "medidas inmediatas para la crisis del sistema penitenciario", que además de las matanzas recientes registró numerosas fugas.
Justo la semana pasada, el secretario de Justicia y Ciudadanía de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, denunció que los estados hacen acuerdos con los presos para evitar rebeliones.
La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío la semana pasada de la Fuerza Nacional, un cuerpo de elite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que solicitasen el apoyo federal.
Tras la masacre de 56 reos en Manaos, el primer día del año, Temer se comprometió, además, a invertir 135 millones de dólares para instalar "dos escáneres" en todas las cárceles y a construir cinco prisiones federales.
Con 622.000 presos, lo que supone un 67,3% más de su capacidad, Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia.
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