La cuestión es reformar la política

La historia política se nutre de reformas y contrarreformas, de marchas y contramarchas. No en la búsqueda del inexistente sistema perfecto, sino de generar consensos a través del diálogo y del debate crítico, en lugar de la imposición y la confrontación. En eso consiste, al fin y al cabo, la democracia deliberativa.

Las elecciones internas obligatorias y simultáneas de los partidos políticos fueron propuestas bajo el ruido de las cacerolas en plena crisis de 2001, inmediatamente declaradas inconstitucionales por una jueza federal y repuestas por la Cámara Nacional Electoral, ante lo cual fueron suspendidas «por única vez» por el Congreso y, finalmente, derogadas en 2006. No se trata, entonces, de la bondad de las normas, sino de la voluntad de cumplirlas.

Las elecciones legislativas de 2005 fueron muy dispersas y prácticamente no hubo domingo de ese año en que alguna provincia no eligiera diputados o senadores. La gota que rebalsó el vaso fue la convocatoria de la provincia de Misiones para elegir en enero a quienes asumirían el 10 de diciembre. La Justicia electoral las declaró inconstitucionales y el Gobierno nacional presentó como un importante avance la unificación de fechas para el tercer domingo de octubre.

Esa vez hubo elogios porque las elecciones deben estar cerca de la finalización de los mandatos. Sin embargo, en la Argentina siempre hay causas de fuerza mayor y en las recientes elecciones legislativas se adelantó aquella fecha por decisión del Congreso desde octubre a junio, nuevamente «por única vez» y sin realizar consultas.

Entre las consecuencias negativas, no solamente se registraron los apuros con que debieron hacerse las cosas, planificadas para cuatro meses más tarde, sino también la de suprimir del cronograma electoral el período previsto para las elecciones internas de los partidos políticos, que es un mandato constitucional para evitar la «ley de hierro» de las oligarquías partidarias.

También el debate fue apresurado; al momento de la convocatoria los partidos opositores reclamaron la boleta única y la presencia de veedores internacionales, rechazando el Gobierno ambas propuestas al considerar que en las elecciones presidenciales de 2007 no se verificaron denuncias de fraude, sino que existieron inconvenientes debidos a la poca respuesta ciudadana para participar como autoridades de mesa y del excesivo fraccionamiento partidario.

No se puede cambiar el reglamento una vez que el juego ha comenzado; pero cierto es también que, después de la elección de 2007, la Cámara Electoral se dirigió a los poderes políticos y a los partidos con representación parlamentaria para que estudiaran la conveniencia de una reforma legislativa. Se organizaron foros de especialistas a los que asistieron jueces electorales, académicos y organizaciones de la sociedad civil pero asistieron muy pocos representantes políticos y partidarios.

Es cierto que los debates electorales no conmueven mucho en años no electorales al quedar fuera de la agenda mediática; pero son esos, precisamente, los tiempos más calmos para debatir con serenidad y cuando la visión de la política arquitectónica debe prevalecer sobre la visión de la política agonal, en términos aristotélicos.

La actual convocatoria al diálogo se realiza apenas concluido el acto electoral, pero con su recuerdo todavía muy cercano. Aún no ha concluido el escrutinio definitivo, el único con valor legal. No sabemos todavía cuáles fueron los porcentajes reales ni quiénes son los candidatos definitivamente electos hasta tanto las juntas electorales nacionales no proclamen a los ganadores.

En la agenda debería incluirse, entonces, la necesidad de vincular el llamado escrutinio provisional, a cargo del Ministerio del Interior, con el escrutinio definitivo a cargo del Poder Judicial para no correr más el riesgo de los resultados diferenciados. Como canta Joan Manuel Serrat, «nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio».

En materia de control de financiamiento se han registrado singulares avances a partir de la Ley 25.600, así como de la jurisprudencia y acordadas de la Cámara Nacional Electoral que nos colocan a la vanguardia de América Latina.

El quid de la reforma será determinar si se mantienen las competencias en el Poder Ejecutivo o si se fortalece el control judicial, tal como lo recomiendan las experiencias del Derecho Comparado. Es insólito que el Presupuesto nacional no prevea una partida específica en cabeza del órgano electoral, tanto para esa delicada materia como para los procesos electorales.

La reforma no puede ser ingenua, sino realista; difícilmente exista en ninguna parte un Gobierno dispuesto a ceder poder, ni tampoco agrupaciones políticas que renuncien a obtener ventajas de un debate parlamentario que está llamado a ser muy arduo y que corre el riesgo de evaporarse en fuertes anuncios para empantanarse otra vez en un juego de «suma cero».

La mirada debe superar los intereses particulares de quienes tienen derechos electorales pasivos -los candidatos y los partidos- para fijarse en los ciudadanos electores; depositarios del sufragio activo y componentes de la soberanía nacional. Se acabó el tiempo de confundirlos en el cuarto oscuro con confusas boletas e indefinidas propuestas. La República del Bicentenario nos reclama un sistema electoral creíble y confiable para que el pueblo siga queriendo votar.

(*) Vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.