La Declaración de Paraná

El fin del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires es un hecho y es hora de analizarlo en perspectiva. Como era de esperarse los días de clase perdidos no serán recuperados aunque, supuestamente, los maestros van a elaborar estrategias para recuperar los contenidos. Difícil de creer, ¿verdad?

El 27 de mayo pasado se cumplió una década de la llamada Declaración de Paraná, la cual en palabras del ministro de Educación, Alberto Sileoni, "comienza a poner a la educación en el centro de las políticas públicas".

El senador Daniel Filmus, por entonces ministro de Educación, relata que "el día 26 de mayo de 2003 a la noche le planteé a Néstor que había siete provincias que no habían empezado las clases y que no era posible sostener una educación sin clases. Le advertí que si le dábamos a Entre Ríos, había otras seis provincias que iban a pedir y él me contestó que le hiciera la cuenta para saber cuánto era todo y que vaya a la mañana a Entre Ríos a negociar". Al día siguiente el presidente Kirchner viajó a Paraná donde firmó con la titular del gremio docente, Marta Maffei y el Gobierno provincial el acta mediante la cual habría de comenzar el ciclo lectivo.

Según Filmus, "el gesto de Néstor marcó cómo sería su gestión y la de Cristina: la concepción de la educación no como una política social sino como un hecho de justicia social". Sin embargo, hoy la realidad parece ser otra; la posición del Gobierno nacional frente al largo conflicto docente no tan sólo en la provincia de Buenos Aires sino también en Neuquén y Tierra de Fuego, así lo atestigua.

¿No es hora de volver a poner a la educación en el centro de las políticas públicas como hace ya 10 años lo hizo el presidente Kirchner? Un presupuesto educativo del 6,4% del PBI no es condición suficiente, si el mismo no se emplea adecuadamente.

Justicia social. ¿Por qué no evaluar una política educativa que la privilegie sin dejar duda alguna? ¿Por qué no destinar tan sólo el 1% del presupuesto educativo a un programa que permita a familias de bajos recursos que así lo deseen a elegir la escuela a la que concurrirán sus hijos? El monto del subsidio no debería ser mayor que la menor de dos magnitudes: el costo estimado por alumno en las escuelas públicas del distrito de residencia de la familia y el costo del colegio privado elegido.

Programas imbuidos en esta lógica se llevan a cabo en otras sociedades donde la educación pública en muchos distritos dista de ser de excelencia. Por ejemplo, en USA, en el estado de Florida, 50.821 alumnos reciben subsidios de este tipo, concurriendo a 1.322 escuelas privadas. En promedio cada beneficiario recibe un subsidio que representa tan sólo el 34% del costo de educar un alumno en el sistema de educación estatal. El denominado Florida Tax Credit Scholarship Program se inició en 2003 con 15.585 beneficiarios y ha crecido más del 200% durante los últimos 10 años.

Una política de este tipo lejos de atentar contra la educación pública la revitalizaría. El interés por acceder a los subsidios por parte de familias que califiquen sería un termómetro de su opinión sobre las posibilidades que les otorgan las distintas clases de escuelas en sus distritos de residencia, al fin y al cabo no existe razón alguna para que una familia genere el costo para sus niños de cambiar de escuela de no tener una clara percepción que es en función de un mañana mejor.

El 27 de mayo de 2003 el presidente Kirchner proveyó una señal inequívoca de su voluntad por asociar la educación a la justicia social. Una política como la aquí propuesta expandiría las oportunidades educacionales de niños de familias de bajos recursos. ¿Se puede imaginar un mejor ejemplo de justicia social?