La detonación de una bomba en una galería comercial situada cerca de la estación del metro Escuela Militar, en Santiago, supone un peligroso salto cualitativo en el "modus operandi" de estos grupos violentos, según los analistas.
Aunque en los últimos nueve años han estallado 203 artefactos, en esta ocasión la bomba fue colocada a plena luz del día, en un lugar por donde cada día transitan 150.000 personas y sin que hubiera un aviso previo a la explosión ni posterior reivindicación de la autoría.
En Chile, según datos de la Fiscalía, hay una treintena de grupos antisistema que protagonizan acciones violentas, como la colocación de artefactos explosivos frente a comisarías, edificios públicos y bancos.
En los últimos meses, las autoridades habían venido observando un cambio en la estrategia de estas organizaciones, que empezaron a elegir como blanco de sus acciones espacios públicos, como ocurrió el pasado 13 de julio, cuando una bomba estalló en un vagón vacío del metro en la estación Los Dominicos.
La condena al atentado del lunes fue unánime, pero la atribución de responsabilidades mostró una fractura política. La derecha acusó al Gobierno de tibieza, ambigüedad y falta de compromiso en la lucha antiterrorista. El Ejecutivo respondió con dureza a través del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien reprochó a la oposición que intentara obtener rédito político en un tema de Estado.
El punto de inflexión en la estrategia de los grupos violentos preocupa a las autoridades, porque a raíz de lo ocurrido se ha instalado en la ciudadanía el temor a ser víctima de un atentado, una inquietud que no existía en uno de los países más estables de Latinoamérica.
La repercusión del atentado fuera de las fronteras constituye otra dimensión de este inesperado problema para un Gobierno que hasta ahora estaba pendiente sobre todo de sacar adelante las reformas educativa y tributaria.
En las últimas semanas, las embajadas de cinco países habían alertado a sus nacionales del riesgo que representaban las explosiones cada vez más frecuentes en distintos puntos de la capital chilena.
La onda expansiva del atentado en el metro de Santiago también alcanzó a la Policía y a la Fiscalía, que fueron objeto de un severo reproche por parte del ministro del Interior por la falta de resultados que hasta ahora arrojaron las investigaciones.
En lo que va del año, cunas 30 bombas de fabricación casera estallaron en distintos puntos de la capital. Y aunque en algunos casos los autores eran delincuentes que pretendían robar los cajeros automáticos, en otros, los bombazos fueron reivindicados por grupúsculos antisistema.
En ocasiones, las cámaras de seguridad llegaron a registrar el momento en que los artefactos eran colocados, como sucedió el pasado 11 de agosto en una comisaría de Carabineros del centro de Santiago. Sin embargo, los resultados de las pesquisas policiales y de los procedimientos abiertos por el Ministerio Público arrojan pobres resultados: desde 2005 hasta la fecha, sólo once personas fueron juzgadas, y de ellas, sólo una cumple actualmente prisión.
| Agencia EFE |
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