Los integrantes de la Corte apoyaron por unanimidad la propuesta del relator del proceso, Augusto Nardes, de postergar la decisión sobre si aprobar o no las cuentas del Gobierno de 2014, ante los indicios de irregularidades contables.
Nardes afirmó que las cuentas presentadas por el Gobierno "no están en condiciones de ser analizadas", ante los "indicios de irregularidades" en los gastos públicos y de violación de las leyes de Responsabilidad Fiscal y de Directrices Presupuestarias. En este sentido, el magistrado propuso posponer en 30 días la votación de las cuentas, para darle al palacio del Planalto tiempo para presentar su defensa.
Se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un presidente debe hacer una defensa personal de las cuentas públicas.
Ante la potencial gravedad de la decisión del TCU, que monopolizó ayer la agenda informativa brasileña, el Gobierno salió a defenderse. El ministro de Planificación, Nelson Barbosa, señaló que "no hubo maquillaje fiscal, hubo operaciones autorizadas por la ley".
Según sospecha el TCU, el Gobierno habría retrasado la transferencia de recursos a los bancos públicos y utilizó el dinero en programas sociales, como el Bolsa Familia, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
A raíz de la demora en la transferencia de recursos, instituciones estatales como la Caja Económica Federal y el Banco de Brasil se vieron obligadas a utilizar sus propios fondos para financiar sus operaciones, lo que es equivalente a un préstamo de bancos públicos al Tesoro.
El Ministerio Público pidió al TCU rechazar las cuentas del año pasado, alegando que las autoridades violaron la ley al realizar maniobras contables con el objetivo de ocultar el desequilibrio de las cuentas públicas del año pasado y así lograr la reelección de Rousseff en los comicios de octubre último.
"La nación asistió a una verdadera política de irresponsabilidad fiscal para favorecer intereses de la Presidenta en un año electoral", disparó el fiscal Júlio Marcelo de Oliveira.
Si el TCU acepta los argumentos del Ministerio Público, podrá recomendar en un mes el rechazo de las cuentas del Gobierno, lo que puede poner en riesgo el mandato de Rousseff, ya que la violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal es una de las causas para la apertura de un juicio político.
La oposición, impedida de encontrar indicios de "crimen de responsabilidad" directos en contra de la mandataria en el escándalo de Petrobras, puso el foco en el supuesto maquillaje de las cuentas públicas para mantener latente la posibilidad de un "impeachment". La Constitución brasileña exige justamente la constatación de un "crimen de responsabilidad", entre los que cita el mal manejo de los fondos públicos, para la apertura de un proceso parlamentario de destitución del presidente.
La recomendación del TCU, sin embargo, sólo será válida si es ratificada por el Congreso, donde el Gobierno mantiene una precaria mayoría debido a las divisiones recientes en la base oficialista.
En ese sentido, cobraron relevancia ayer declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien advirtió que el Congreso retomará la revisión de las cuentas presidenciales.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), vital para la estabilidad de Dilma, pero encabeza una línea interna de oposición al Gobierno.
"Tenemos que comenzar a votar las cuentas aquí, en el Congreso nacional. El papel del TCU es auxiliar, no es un tribunal de decisión sino que asesora al Legislativo. Volveremos a discutir las cuentas dentro del Congreso", dijo Cunha.
| Agencias DPA y EFE, y Ámbito Financiero |
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