La Justicia dispuso ayer la intervención de Cablevisión

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La Justicia dispuso ayer la intervención de la empresa Cablevisión del Grupo Clarín, en virtud de una causa abierta contra la operadora de cable por «competencia desleal», denunciada por Supercanal, propiedad del grupo Uno Medios de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano. Se apunta a anular la fusión entre Cablevisión y Multicanal, que en la práctica creó una empresa que tiene más del 65% del mercado de la TV paga.

El juez Walter Bento nombró coadministrador por el plazo de un año, y sin desplazamiento de las actuales autoridades de Cablevisión, al contador Enrique Anzoise.

La medida judicial tuvo como efecto inmediato el desplome de la cotización de las acciones del Grupo Clarín, que cerraron ayer al 11% por debajo de su valor del día anterior.

El intento de ingreso de Anzoise a la sede de la firma, ubicada en el barrio porteño de Barracas, provocó la resistencia del personal, que debió ser desalojado por la Gendarmería Nacional. Los ejecutivos de la firma también impidieron que el interventor judicial asumiera la función ordenada por el juez, en un claro acto de rebeldía contra un fallo de la Justicia.

Anzoize denunció que directivos de Cablevisión, cuya facturación representa el 60% de los ingresos del Grupo Clarín, agredieron verbalmente y luego golpearon e insultaron a funcionarios y gendarmes mientras duraba el allanamiento.

Ante la actitud asumida en la sede de Cablevisión por los directivos de la empresa, el interventor elevará un informe al Juzgado Federal Penal N° 2 de Mendoza, actualmente a cargo de Bento. Sin embargo, quien tendrá la decisión es la titular del juzgado, Olga Pura de Arrabal, dado que Bento está subrogando en forma interina esa silla.

La denuncia penal de Supercanal apunta contra los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, a quienes se imputa «conductas anticompetitivas» derivadas de la fusión entre Cablevisión y Multicanal. La parte actora aduce que esos empresarios incurrieron en «maniobras con la finalidad de excluir a sus competidores, ofertas en precios predatorios, manipulación de la grilla y exclusión de la grilla de señales de noticias que no pertenecen al Grupo Clarín».

A las puertas de Cablevisión, el abogado Ricardo Mastronardi, letrado del interventor designado, dijo a la prensa que «la coadministración es un hecho por parte de la Justicia, y ahora Cablevisión tendrá los derechos recursivos; hoy la medida está firme y debe ejecutarse». En otras palabras: hasta tanto prospere o no la apelación que presentará Clarín ante un tribunal superior, el interventor debe asumir y ejercer las funciones encomendadas por el juez Bento.

El letrado aseguró que los puestos de trabajo del personal de la empresa no corrían peligro. «Sería un absurdo pensar en la pérdida de empleo; es una medida que tiende a proteger al consumidor, es una vergüenza que los directivos de Cablevisión hayan hecho instalar la idea de pérdida de puestos de trabajo a partir de la intervención», completó.

Según el fallo judicial, el interventor-coadministrador tendrá, a partir de que pueda asumir efectivamente su cargo, un plazo de sesenta días para estudiar la documentación contable e intervenir sectores de la compañía como sistemas, publicidad y marketing, entre otros.

Las autoridades de Cablevisión adujeron que se trataba de un fallo enmarcado en una «persecución política» del Gobierno. El gerente de comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, aseguró que Cablevisión estaba «sufriendo un despliegue absolutamente desmesurado e intimidatorio» y culpó al Gobierno por el allanamiento y la posterior intervención.

Sin embargo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, calificó esa afirmación de «disparate». El funcionario explicó que «la Gendarmería en este caso actúa como auxiliar de la Justicia, por una orden emanada de la Justicia».

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