La medida sumará hasta u$s 50 M por mes a AFIP

Con el recargo del 15% para las compras en el exterior con tarjetas de crédito, el Gobierno apunta a lograr un ingreso máximo de u$s 50 millones por mes y un total de u$s 400 millones hasta abril de 2013. El monto surge de sumarle el adicional al total de compras con los plásticos fuera del país (entre u$s 300 y u$s 400 millones mensuales), cifra que podría incrementarse entre diciembre y marzo, cuando miles de argentinos viajen al exterior en sus vacaciones.

El dinero ingresará directamente al Estado vía AFIP e irá a engrosar el Tesoro. A partir de abril, los contribuyentes podrán comenzar con sus deducciones; al menos los autónomos, trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el mínimo de Ganancias y los que liquiden Bienes Personales. Así, hasta el segundo trimestre de 2013, Economía no perderá dinero por las devoluciones. Mientras tanto, la esperanza oficial es que para ese momento la situación fiscal mejore, al ritmo de algún tipo de recuperación mundial y por tratarse de un año mucho más tranquilo que 2012 en cuanto a la necesidad de liquidar deuda en dólares.

Aunque a priori esos u$s 50 millones mensuales no parezcan significativos, en épocas de pulseada diaria en el mercado cambiario (oficial y «blue»), representan una cifra más que importante. La visión que tiene el Gobierno es que la presión sobre el dólar tiene que ver con los viajes al exterior, y cualquier medida que apunte a la demanda jugará a favor de la posición oficial.

La decisión de aplicar un adicional del 15% sobre el gasto representa, además, una especie de victoria de la «línea prudente» dentro de la conducción de la economía del Gobierno de Cristina de Kirchner. Sucede que desde hace varios meses, desde algunos despachos oficiales vinculados a los funcionarios más radicalizados en la pelea diaria por el dólar se quería impulsar directamente un impuesto sobre las compras en el exterior. Lo que se buscaba era encarecer todo lo posible esta alternativa para que la fuga de dólares por esa vía se reduzca al máximo. Finalmente, triunfó la posición más prudente del oficialismo, bajo dos argumentos fuertes.

El primero, más económico, explicaba que un impuesto nuevo debía ser aprobado por el Congreso Nacional. Obviamente, no se dudaba de la capacidad del Gobierno para impulsar un proyecto semejante y tener la ley avalada en menos de un mes. Pero se desistió por su impacto en los mercados. La demanda de divisas extranjeras hubiera crecido a niveles mucho mayores que el ingreso de dólares futuros.

La segunda explicación fue más política. Un impuesto directo sobre las compras con tarjeta en el exterior hubiera puesto a gran parte de la clase media en situación de disgusto con el Gobierno, en momentos en que el oficialismo apunta a una reconciliación con los habitantes de los centros urbanos, donde hay más voluntad de viajar al exterior y más potenciales votantes del Gobierno para 2013.

Según los datos oficiales, la salida de divisas vía compras con tarjetas en el exterior creció exponencialmente desde que en marzo de este año se aplicó el cepo cambiario. Así, el monto total subió un 48,2% en junio y alcanzó los 289.459.035 dólares, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde ese mes, y ante el atractivo de contar con un dólar a $ 4,65 (un 40% menor que el paralelo), muchos residentes eligieron gastar por esta vía sus pesos y garantizarse un viaje al exterior (en el momento o hacia futuro) con un dólar relativamente barato.

Según explicó ayer Ricardo Echegaray, «a diferencia de otros países como Brasil, donde se aplica un impuesto del 6% sobre estos consumos, la medida implica un pago a cuenta que los contribuyentes podrán utilizar para cancelar obligaciones impositivas, como Ganancias o Bienes Personales».

Según los datos de la AFIP, las medidas abarcan a un sector reducido de unas 168.000 tarjetas que, en el último año y medio, efectuaron consumos en el exterior por unos 7.400 millones de pesos. Según el titular de la AFIP, «la medida busca asegurar el pago del impuesto en aquellos contribuyentes que manifiestan mayor capacidad contributiva».