La mira sobre viajes a Venezuela

La Justicia quiere saber en qué aviones viajaban los funcionarios del Ministerio de Planificación argentino a Venezuela y si alguno de ellos pertenece a empresas vinculadas al sector y que, en consecuencia, debían ser controladas por la cartera a cargo de Julio De Vido.

Esta fue una de las medidas que el juez federal Julián Ercolini ordenó la semana pasada, en el marco de la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en los numerosos negociados que la Argentina mantiene con el Gobierno de Hugo Chávez desde 2004, cuando se firmó un amplio convenio bilateral entre los dos países.

La Fuerza Aérea ya informó al magistrado y al fiscal que instruye en el caso, Gerardo Pollicita, sobre los numerosos viajes que realizaron el ex titular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y otros funcionarios claves de Planificación, como el secretario privado de De Vido, José María Olazagasti. Pero los investigadores del caso quieren tener más precisiones: en qué aviones se trasladaban y cómo eran financiados estos vuelos.

Esta información resulta central en una pesquisa que investiga el supuesto pedido de sobornos por parte de funcionarios argentinos a empresarios para participar de los negocios con Caracas, como aseguró ante la Justicia el ex embajador argentino en Venezuela, Eduar- do Sadous. El financiamiento de viajes por parte de empresas que debían ser controlados por el sector puede ser investigado como una posible dádiva. Una situación que ya complicó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien fue procesado por el juez federal Claudio Bonadío por este delito.

El juez ordenó además al Banco Nación un informe sobre la cuenta donde se depositaba el dinero que recibían las empresas que vendieron maquinaria agrícola a Venezuela. Esta operación también es investigada por la Justicia, que tomó en cuenta una pesquisa previa iniciada por el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Como los directivos de la entidad se negaron a dar estos datos, los investigadores del caso los citaron para que declaren en la causa. Por esta denuncia también se pidieron informes a bancos estadounidenses, con el objetivo de seguir la ruta del dinero de las comisiones que los empresarios pagaron a las firmas Palmat y Madero Trading, que actuaron como intermediarias. La Justicia investiga las comisiones del 15% que estas compañías cobraron para gestionar la operación y que, según denuncias en la Defensoría del Pueblo, también podrían encubrir supuestos sobornos a funcionarios argentinos.