La ONU condenó a Israel por la nueva ley pro colonos y advirtió por sus consecuencias legales

La administración de Donald Trump, nuevo aliado del premier Benjamín Netanyahu, declinó hacer comentarios sobre la norma que legalizará a 53 asentamientos en Cisjordania y expropiará tierras a privados palestinos.

ASENTAMIENTOS. Hace diez días, se aprobaron 100 nuevas edificaciones en la colonia Givat Ze’ev, en territorio ocupado en Cisjordania.

Jerusalén - La nueva ley israelí a favor de los colonos, denunciada como crimen de guerra por sus detractores, provocó ayer indignación tanto entre los palestinos como entre los gobiernos europeos y la ONU, mientras la administración Trump no se pronunció sobre la polémica.

Poco después de la adopción de la ley, en la noche del lunes, los palestinos pidieron de inmediato a la comunidad internacional que sancione a Israel. Los defensores de los derechos humanos y de la causa palestina anunciaron además que apelarán al Tribunal Supremo israelí para hacer anular el texto.

El presidente palestino, Mahmud Abás, dijo ayer desde París que la ley es una "agresión contra el pueblo palestino". "Esta ley va en contra del derecho internacional", subrayó.

"Espero que Israel y su Gobierno reconsideren este texto y den marcha atrás", declaró a su vez el presidente de Francia, François Hollande, en una conferencia de prensa conjunta.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "lamentó profundamente" su aprobación. "Esta ley es una contravención de la ley internacional y tendrá amplias consecuencias legales para Israel", expresó en un comunicado y destacó la necesidad de evitar tomar "medidas que hagan fracasar la solución de dos Estados".

Asimismo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, "exhortó" a Israel a suspender su aplicación. "La Unión Europea condena la reciente adopción de esta ley por la Knesset [parlamento] que legisló sobre el estatuto legal de tierras en el interior de los territorios ocupados, lo que excede su jurisdicción", señaló.

Por su parte el líder laborista israelí Isaac Herzog advirtió que la ley podría llevar a algunos israelíes a ser inculpados por la Corte Penal Internacional (CPI).

La falta de reacción estadounidense contrasta con la ola de indignación pero también con las críticas a la colonización que había emitido la administración de Barack Obama.

El Gobierno de Donald Trump "necesita consultar a todas las partes sobre cómo avanzar", dijo un responsable del Departamento de Estado, una declaración que confirma la falta de posición hasta ahora del nuevo presidente. "La administración no comentará esta ley antes de cualquier decisión de justicia", añadió el responsable, en previsión de los recursos contra el texto.

Adoptada por 60 votos a favor y 52 en contra, la ley autoriza al Estado a declarar como tierras israelíes terrenos privados palestinos en Cisjordania ocupada donde los israelíes construyeron sin autorización.

Los propietarios palestinos serán compensados financieramente o bien con otros terrenos.

Según sus promotores, esta ley protegerá a los colonos de expulsiones como las de la semana pasada en la colonia "salvaje" de Amona y podría legalizar a otras 53 de ese tipo. Además, se expropiarán un mínimo de 800 hectáreas de tierras palestinas, según la organización Paz Ahora.

"Con esta ley (el primer ministro Benjamín) Netanyahu convierte el robo en la política oficial de Israel y ensucia los libros de la ley israelí", y ello para "satisfacer a un pequeño grupo de colonos extremistas y asegurar su propia supervivencia política", denunció la ONG.

Gran parte de la comunidad internacional considera las colonias como un obstáculo para alcanzar la paz en el conflicto israelí-palestino.

Pero muchos defensores de los colonos creen que estas tierras pertenecen a Israel desde tiempos bíblicos, digan lo que digan los jueces israelíes, los palestinos o la comunidad internacional.

Los detractores del texto temen que sea un paso más hacia la anexión de Cisjordania, que ya reclaman algunos ministros.

Se trata de la primera vez que Israel aplica su ley civil en Cisjordania, no sólo a individuos sino también a tierras reconocidas como palestinas.

El fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, advirtió al Gobierno que el texto probablemente será rechazado por el Tribunal Supremo y podría ser perseguido por la Corte Penal Internacional (CPI).

Agencias AFP, DPA y EFE