23 de octubre 2014 - 00:26

La otra elección: la baja de la edad de imputabilidad divide a Uruguay

El domingo los uruguayos elegirán presidente y vice y renovarán el Congreso. En paralelo, votarán sobre la baja de edad de imputabilidad a 16 años en medio de un debate caldeado por lo que la población percibe como una inseguridad creciente.
El domingo los uruguayos elegirán presidente y vice y renovarán el Congreso. En paralelo, votarán sobre la baja de edad de imputabilidad a 16 años en medio de un debate caldeado por lo que la población percibe como una inseguridad creciente.
Montevideo - El país definido por organizaciones internacionales como el más seguro de América Latina votará el domingo, en paralelo a las elecciones generales, un plebiscito para reformar la Constitución y bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, una bandera enarbolada por la oposición, aunque no de modo unánime, y que es duramente rechazada por el oficialista Frente Amplio y organismos sociales.

La reforma, que busca endurecer las penas para jóvenes infractores desde los 16 años que participen en delitos graves (homicidios, violaciones, rapiñas, extorsión, secuestro y lesiones graves), forma parte de la estrategia que planteó el Partido Colorado (PC), y que fue secundada por el Partido Nacional (PN) para poner freno a la inseguridad, considerada uno de los puntos débiles de los Gobiernos frenteamplistas y, de acuerdo con sondeos, la mayor preocupación de los uruguayos.

La iniciativa, que cuenta con un apoyo cercano al 46% del electorado -una cifra que creció en el último mes-, es fuertemente rechazada por el FA, organizaciones sociales uruguayas y organismos internacionales como Unicef, lo que le valió al organismo de la ONU una denuncia de los defensores del "sí por intromisión en asuntos nacionales.

También el Arzobispado local y la Universidad de la República apoyan la campaña por el "No".

"Es una medida injusta e inmoral", le dijo a Ámbito Financiero Federico Barreto, vocero de la comisión "No a la baja", quien agregó que la oposición utiliza a los jóvenes como "chivos expiatorio" de una problemática que comenzó mucho antes, pues relacionó la delincuencia juvenil actual con los pormenores que vivieron esos adolescentes durante la última crisis económica.

En Uruguay ya existe un sistema de responsabilidad penal que convierte en imputables a los jóvenes desde los 13 años. La pena máxima actual de cinco años para delitos graves pasaría, si se vota la reforma, a treinta años de privación de la libertad. Además, se mantendrían los antecedentes penales.

"No soluciona nada", aseguró Barreto. Según él, quienes utilizan a chicos para delinquir simplemente buscarán que tengan menos de 16 años.

Según datos oficiales, sólo el 6% de los delitos graves es cometido por menores de 18 años.

Pese a que el índice Global Peace Index de este año, que calificó a 162 países, situó a Uruguay como la nación más segura de América Latina, los uruguayos experimentan a la inseguridad como la mayor preocupación, sobre todo a partir del incremento de los robos violentos.

En el primer semestre de este año se registraron 138 homicidios, idéntica cantidad que en 2013. De esos crímenes, sólo nueve fueron cometidos por menores de edad.

Ante esta realidad, desde la oposición defienden que la baja es sólo uno de los temas que deben abordarse. "El código penal debe ser revisado y como oposición intentamos hacerlo desde el Congreso, pero el FA (que tiene mayoría absoluta) siempre lo bloqueó, explicó a esta enviada el diputado Gustavo Borsari, referente del sector del Partido Nacional (PN, Blanco) que apoya el "Sí.

La oposición centró la campaña para el plebiscito, convocado con 100.000 firmas más que las 250.000 necesarias, en uno de los puntos del proyecto: la creación de un centro de rehabilitación "en detrimento del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay) donde se violan los derechos humanos", afirmó Borsari. La idea, añadió, es regresar al viejo modelo carcelario del país, en el que se enseñaban oficios a los reclusos, sumándole la participación de profesores y médicos expertos en toxicología.

Organismos que dependen del INAU, principalmente hogares donde se derivan los jóvenes infractores, fueron denunciados por Naciones Unidas por prácticas de tortura y también la Justicia uruguaya imputó a varios funcionarios por abusos reiterados de menores.

La iniciativa es el caballito de batalla del candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, tercero en las encuestas, pero también es promovida por el blanco Luis Lacalle Pou, segundo en intención de voto y prácticamente seguro rival del oficialista en un balotaje el 30 de noviembre.

Lo polarizada que es la discusión sobre este tema no sólo divide a la sociedad, sino que abrió una fisura en el PN, donde los sectores que no responden al presidenciable y sí lo hacen a su compañero de fórmula, Jorge Larrañaga (quien perdió las internas), han criticado la reforma como herramienta de seguridad.

Lacalle Pou, que hasta hace unas semanas mantenía un tono moderado sobre el tema, tomó la posta por penalidad juvenil y, en lo que observadores vieron como un guiño hacia Bordaberry en busca de apoyo para la segunda vuelta, ordenó que las boletas de su lista se ensobren con las papeletas del "Sí.

"Existe un interés electoral que usa como base una legítima preocupación de los uruguayos, pero esto se ofrece como la única solución cuando quedan muchas cosas por hacer, sobre todo mejorar el tratamiento penal de los jóvenes", opinó Barreto.

Desde los defensores de la baja, la postura es clara. Se vota "para vivir en paz", velando por los "derechos humanos de las víctimas" del delito y rehabilitando a los menores delincuentes.

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