La Policía catalana advirtió sobre posibles incidentes y alimentó el recelo de Madrid

El Ejecutivo de Mariano Rajoy teme que los Mossos d’Esquadra no acaten sus órdenes el domingo. La tensión aumenta con convocatorias de grupos independentistas para montar guardia en los colegios electorales y para bloquear el acceso de las fuerzas de seguridad del poder central.

Resistencia. Abogados defensores del referendo protestaron ayer frente al Tribunal Superior de Justicia (arriba), mientras que en el centro de Barcelona ciudadanos marcharon con las boletas en alto (derecha).

Barcelona - La Policía de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, se mostró ayer reticente ante la orden de la Justicia de precintar los centros de votación para impedir el referendo de independencia del domingo, y alertó sobre el "riesgo" de disturbios, despertando dudas en el Gobierno de Mariano Rajoy sobre si acatará las instrucciones del poder central.

Tras desmantelar gran parte del operativo electoral, detener altos cargos del Govern (gobierno regional) y requisar numeroso material de votación, la fiscalía reclamó a la Policía catalana el precinto de los espacios designados para efectuar el voto.

Dicha decisión, ante la previsible movilización de ciudadanos que querrán votar, puede "comportar consecuencias no deseadas", advirtieron los Mossos d'Esquadra a través de su cuenta de Twitter.

"Estas consecuencias hacen referencia a la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar", agregó.

Sin embargo, la orden fue confirmada ayer por la tarde por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Gobierno presidido por Carles Puigdemont por lo delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por la convocatoria del referendo soberanista desoyendo la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

La máxima corte catalana instruyó a todas las policías del país, Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, a actuar "conjuntamente" para "impedir hasta el 1 de octubre la utilización de locales para la preparación de la consulta".

También instó a la Fiscalía -criticada por los líderes separatistas de extralimitarse en sus funciones- a "cesar las diligencias, actuaciones e instrucciones" para bloquear la votación del domingo.

La misión de impedir que los catalanes voten si desean o no que esa región autónoma se convierta en una república y se independice unilateralmente, es delicada para la policía regional, con 16.800 agentes, dada su proximidad a la población.

La advertencia pública de los Mossos sobre incidentes profundizó las dudas del Gobierno de Mariano Rajoy de que esa fuerza cumpla con las órdenes judiciales o del Ministerio de Interior.

Si bien el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, se comprometió a hacerlo, al Ejecutivo español lo incomoda las reservas que pone sobre la actuación del domingo. De acuerdo al diario El Mundo, fuentes del Gobierno central admitieron que "preferirían un control claro y directo de todas las operaciones a desplegar" para impedir el referendo.

Anticipando las reticencias de los Mossos, el Ministerio español de Interior desplegó un amplio refuerzo policial de alrededor de unos 10.000 agentes en Cataluña de acuerdo al diario El País. Aunque oficialmente están para apoyar a los agentes catalanes, Madrid espera que ante la inacción de la Policía regional, los jueces ordenen a estas fuerzas actuar el domingo.

"Lo que probablemente hagan los Mossos es evitar el voto en las grandes ciudades", reduciendo así al máximo el número de votantes para que el escrutinio tenga menos legitimidad, señaló una alta fuente judicial.

La idea del Gobierno de Puigdemont es habilitar los mismos colegios que en las últimas elecciones regionales, es decir, unos 2.700. Un número muy elevado de centros al que se añade otra dificultad para la policía: su posible ocupación povr estudiantes para dificultar su cierre.

Los sindicatos de estudiantes están en pie de guerra, y ayer lanzaron una huelga en la secundaria que se extenderá a todas las edades, universitarios incluidos.

También, una asociación agrícola con un centenar de campesinos prometió de estacionar sus tractores "cerca de los colegios electorales y, en caso de que intenten cerrarlos, impedir o intentar dificultar al máximo su actuación. Simplemente dejándolos allí, sin ir más allá".

El clima de tensión cala entre los electores, que se muestran preocupados ante lo que pueda pasar el domingo.

"Viendo todos los policías enviados aquí, los helicópteros (que sobrevuelan constantemente Barcelona), da un poco de respeto", dijo Marga Millet, librera de Barcelona de 67 años convencida, sin embargo, de votar.

En tanto, la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía por "sedición", un cargo que puede conllevar pena de cárcel. La querella concierne una manifestación la semana pasada en la capital de Cataluña, en la que miles de manifestantes dañaron tres vehículos de la Guardia Civil y rodearon a agentes mientras estos efectuaban registros en el Ministerio de Hacienda catalán.

Agencias AFP y DPA, y Ámbito Financiero