La tasa, clave para definir acuerdo

Todo indica que el Gobierno intentará evitar un nuevo default. Ello quiere decir, de alguna manera, pagar y acatar el fallo del juez Griesa y satisfacer la demanda de los bonistas rebeldes.

Si bien es casi unánime la opinión de que el fallo debe ser acatado, el problema radica en que esta contingencia surge en momentos de debilidad para el Gobierno argentino, con poca capacidad de pago en efectivo, y con poco acceso al crédito. Esta debilidad se ve reflejada en el denominado riesgo-país, que asciende a 667 puntos básicos, equivalente a un 6,67% anual. El Tesoro de los EE.UU. hoy se financia al 2,61% anual a 10 años y al 3,47% anual a 30 años, mientras que la Argentina debería adicionar a estas tasas la sobretasa de su riesgo-país para acceder al financiamiento. Probablemente éstas sean las tasas que pedirán los bonistas para acceder a financiar el cumplimiento del fallo, siguiendo el modelo con el que se le pagó a Repsol por la expropiación de YPF. Es decir, a tasas altas. Muy altas comparadas con sobretasas de sólo 145 puntos que hoy paga Colombia, 149 puntos de Perú, 169 puntos de Uruguay, y 209 puntos de Brasil.

Para tener una idea de la magnitud de la pérdida o sobrecosto en que tendríamos que incurrir para pagar los hipotéticos u$s 15.000 millones del desfavorable fallo en cuestión, financiándolos, una sobretasa del 5% anual capitalizada durante 10 años implicaría pagos extras por u$s 9.433 millones, y la misma sobretasa durante 30 años implicaría pagos extras por u$s 49.829 millones.

Cabe aquí destacar cómo la supuesta "tan lograda" y festejada quita inicial del 70% tiende a diluirse con los pagos del cupón atado al crecimiento, con este fallo "Griesa", y con las abultadas en innecesarias tasas de interés que el país debe pagar por cualquier financiación, durante mucho tiempo.

Pero más allá de este hecho, el gran desafío actual consiste en lograr reducir al máximo esta tasa de interés en el proceso de negociación. Para ello, cabe destacar al menos cuatro consideraciones.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que del mismo modo en que el actual Gobierno eleva el riesgo-país, prácticamente toda la oposición lo disminuye. Por eso, sería de mucha utilidad que toda la oposición intervenga de alguna manera en la negociación, asegurando el cumplimiento de los nuevos bonos a emitir. Ello puede hacerse desde simples discursos, con la elaboración y firmas de documentos de respaldo, y hasta con una intervención directa en la negociación.

En segundo término, podría buscarse la manera de garantizar los nuevos bonos, por ejemplo, con una mínima porción de las exportaciones argentinas, la que debería liquidarse a tal fin en una cuenta fiduciaria del Banco Central de la República en un banco del exterior. Durante 10 años, sobraría con el 3% de las exportaciones totales actuales. Este mecanismo debiera reducir sustancialmente la sobretasa, hasta niveles cercanos a los de nuestros países vecinos.

En tercer término, si la sobretasa actual es muy elevada, convendría incorporar alguna cláusula de opción de recompra de la emisión de los bonos para que sea rescatada cuando la sobretasa baje o mejore nuestra situación de liquidez, bajo un nuevo Gobierno. En cualquier caso, si la tasa actual es demasiado elevada, serán más convenientes las emisiones de bonos a plazos relativamente más cortos.

En cuarto término, cuidemos que en el afán por desembarazarnos de este problema, contra reloj, no se incurra en algún nuevo error de cálculo respecto de la aplicación de la cláusula RUFO, y que no tengamos que sufrir una nueva y mayor contingencia, debiendo pagar a todos los bonistas que entraron al canje lo mismo que han logrado los actuales bonistas rebeldes. Este evento tendría consecuencias catastróficas, peores que las derivadas de incurrir hoy en un default.