En el caso de los alquileres, la propuesta es vincular este costo con las variaciones del salario mínimo. El proyecto intenta de esta manera terminar con la incertidumbre del inquilino que debe revisar el contrato cada seis meses. En tanto, en lo que refiere a las obligaciones negociables, la iniciativa replica los mecanismos diseñados por el propio Gobierno. De esta manera, los títulos privados, al igual que los públicos, ajustarán por CER.
Por su parte, en el caso de la construcción la propuesta de Pinedo es seguir al Decreto 1295 de 2002 que hoy rige para la obra pública. Para el sector privado, los precios del metro cuadrado construido se determinarán ponderando los siguientes factores según su incidencia en el total:
Inaceptable
Lo que sucede, explicó Pinedo a este diario, es que el «Estado decidió protegerse a sí mismo pero no proteger a la sociedad. Es ridículo que la inflación puede dañar a otros pero no a mí (en referencia al Gobierno). Es inaceptable como criterio. Es poco probable que nos digan que no porque es algo pensado por el kirchnerismo». Esta iniciativa que se tratará en comisión para después pasar al recinto modifica los artículos 7º y 10º de la Ley de Convertibilidad, y requiere de mayoría simple.
Se trata de un requisito alcanzable si el arco opositor en su conjunto logra ponerse de acuerdo, teniendo en cuenta que 256 integran la Cámara baja y 90 consolidados pertenecen al oficialismo. Esta medida es parte de un paquete de proyectos que tiene en cartera el PRO para ajustar algunos criterios consecuencia de la inflación.
La otra iniciativa -que hoy está en análisis del área técnica y que planean presentar la semana próxima- buscará actualizar los balances de las empresas por inflación al momento de tributar Ganancias.
En este sentido, agregó, que «hoy disfrazan de ganancia lo que en realidad es desvalorización de la moneda. De hecho no hay crédito a largo plazo. La Argentina es el único país donde se compran departamentos al contado y plasmas en cuotas».
Reforma
Con anterioridad a estas medidas, la oposición, y el PRO en particular, impulsó la reforma del INDEC. El proyecto crea de cero una nueva entidad descentralizada, con personería jurídica propia y autarquía económica. Además, el Congreso, a través de la Comisión Bicameral, tendría la función de supervisar el funcionamiento del organismo. Con esta iniciativa se establece la participación de los organismos provinciales de estadística y además se crea un consejo consultivo. El gobierno del INDEC estará a cargo de un Directorio integrado por cinco miembros que permanecerán cinco años.
El texto señala que se deberán revisar una por una las designaciones de personal de la categoría A y B a partir de su intervención en 2007.
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