Ley para frenar la boda gay

La nueva ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ya enfrenta sus primeros avatares: una organización civil de San Juan reclamó al Gobierno provincial una ley de amparo para los jueces que rechacen celebrar bodas entre homosexuales.

La ONG Compromiso por la Familia y la Niñez presentó junto a la Iglesia al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, un proyecto de ley que permite a funcionarios de los registros civiles aducir «objeción de conciencia» para negarse a oficiar uniones.

El proyecto fue avalado por el arzobispo de San Juan, monseñor Alfonso Delgado, e incluye además el mismo argumento para los médicos que se nieguen a practicar abortos autorizados por la Justicia.

La iniciativa generó la reacción de organizaciones civiles que defienden los derechos de los homosexuales y consideran una conquista histórica la reciente sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Discriminación

«Cualquier propuesta tendiente a permitir la objeción de conciencia se convierte en una legitimación de la discriminación», remarcó en un comunicado Fernando Baggio, titular de la asociación activista La Glorieta. Y agregó que, en función de la nueva normativa aprobada, «los funcionarios que se nieguen a celebrar los matrimonios estarán incurriendo en incumplimiento y omisión de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y en un abierto acto de discriminación».

La semana pasada el titular del Registro Civil de la provincia de Entre Ríos, Alberto Arias, adelantó que se negará a celebrar matrimonios entre homosexuales «por una razón de conciencia», lo que generó la primera polémica luego de que la ley fuera aprobada por el Congreso de la Nación.

Su planteo se sumó a las declaraciones de la jueza Marta Covella, de la localidad bonaerense de General Pico, quien también se negó porque es contrario a sus «principios cristianos».

Por su parte, el gobernador de Mendoza (uno de los distritos en los que se mostraron más resistentes a la nueva ley), Celso Jaque, anunció la semana pasada que relevaría todos los registros civiles de su provincia para conocer si hay oficiales de Justicia que se nieguen a casar parejas homosexuales. En este sentido, la iniciativa en San Juan sin duda abre un nuevo capítulo del debate sobre la boda gay, que podría expandirse a otros distritos.