Ley Moyano: UIA dará batalla en el Congreso

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (especie de «parlamento» de la central fabril) aprobó ayer la decisión de su Consejo Directivo de concurrir al Congreso el martes próximo, cuando se trate en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados el controvertido proyecto denominado «ley Moyano».

Así, la entidad que preside Héctor Méndez decidió dar batalla en el terreno de su principal adversario, el presidente de esa comisión y abogado de la CGT, Héctor Recalde. Hace un par de semanas la UIA había ignorado la convocatoria del laboralista con el mismo fin.

La decisión se tomó a partir de la reunión del lunes del denominado «Grupo de los siete». Allí, banqueros, constructores, servicios, el campo e industriales determinaron que no podían dejar de concurrir a Diputados, y que debían exponer en público sus argumentos en contra de esa iniciativa.

Así lo explica el comunicado de la UIA de ayer, en el que se lee que «la UIA decidió concurrir a la convocatoria realizada por la Comisión de Legislación del Trabajo para el 2 de noviembre próximo, donde expresará ante la sociedad que la iniciativa, lejos de mejorar la distribución del ingreso, alienta la informalidad laboral, promueve la desigualdad entre los trabajadores y fomenta un aumento del poder sindical». Agrega el documento que «el proyecto genera efectos contrarios a los buscados en materia de distribución del ingreso».

Ayer en la Junta Directiva -que reúne a representantes de las provincias y de los sectores de la industria, en su inmensa mayoría pymes- varios empresarios del interior pintaron un negro panorama respecto de lo que sucedería con las economías regionales de aplicarse lo que propone el camionero Hugo Moyano. Igual que la conducción de la UIA, esos empresarios no se oponen a repartir el 10% de sus ganancias entre sus trabajadores (el «argumento de venta» de Moyano), pero sí a que los gremios tengan la facultad de revisarles los libros y pasar casi a una cogestión obrero-empresarial.

Un alto dirigente de la entidad acrecentó las preocupaciones de los miembros de la junta al explicar que -de sancionarse la norma como está planteada por el tándem Moyano/Recalde-, además de sus efectos obvios, generará una «industria del juicio comercial» porque los gremios, de no estar satisfechos con lo que les asigne la empresa de acuerdo con su contabilidad, podrían ir a la Justicia a impugnar sus balances.

También les explicó que la apertura obligatoria de todos los datos de las empresas, en lo que hace a precios de compra de insumos, precios de venta, listas de proveedores y de clientes, etc., podría dar lugar a un tráfico de información confidencial y privilegiada: los «delegados» estarían en condiciones de vender al mejor postor los secretos industriales mejor guardados de las compañías. Serán pocos los presentes ayer en la UIA que puedan conciliar el sueño en las próximas semanas, al menos hasta que se conozca el destino que correrá la iniciativa de Moyano-Recalde.

Finalmente, hubo (poco) tiempo para recordar que los días 18 y 19 se hará en Costa Salguero la Conferencia Industrial, el evento anual de la UIA, a la que comprometió su presencia la presidente Cristina de Kirchner. No será la única figura política que ocupe ese escenario: también prometieron ir el jefe de Gobierno Mauricio Macri y los principales referentes de los partidos de oposición. Después de todo, para entonces faltará poco más de un año exacto para las próximas elecciones.

Sergio Dattilo