Lijo pide seguir la “vía institucional”

 El juez federal Ariel Lijo respaldó a su colega Daniel Rafecas frente a los sectores que reclaman su remoción, al considerar que "hay vías institucionales" para promover la destitución de un magistrado, y que "el resto son opiniones". Contestó así a una solicitada de personalidades de diversos ámbitos que demandaron la remoción de Rafecas por haber desechado la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina de Kirchner.

"Los jueces y fiscales tienen un proceso de remoción específico. Hay vías institucionales y ese es el camino. El resto no responde a lo que corresponde a la vía institucional de un país", sostuvo Lijo en diálogo con radio Del Plata. En tanto, el magistrado le quitó dramatismo al creciente protagonismo de la actividad judicial en los tribunales federales de Comodoro Py, así como a la intervención de actores políticos sobre su labor. "Las presiones forman parte del ejercicio del cargo", apuntó.

Según Lijo, "la judicialización de la política es un fenómeno de hace bastantes años y lo tiene que discutir la política", y dijo que considera "saludable que la sociedad ponga el foco en la actividad de los jueces". El magistrado tramita expedientes que abarcan desde funcionarios de la actual gestión, como la vicepresidenta Gabriela Michetti, y el suspendido director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, hasta casos como Ciccone, con imputaciones contra el exvicepresidente Amado Boudou y el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otros.

Sobre la causa en la que se investiga el origen de dinero en efectivo que Michetti declaró como robado de su casa, el juez admitió que recién ingresó "en la etapa de juntar información" relacionada con la fundación SUMA, a la que la funcionaria sindicó como fuente de la plata. Respecto de las denuncias contra Gómez Centurión sostuvo que "está pedida toda la prueba" y que el período de investigación dependerá de las respuestas que pueda obtener de los organismos consultados. Mauricio Macri había prometido reponer en el cargo al suspendido funcionario en caso de probarse que las denuncias en su contra no tenían sustento.