El Centro de Viñateros y Bodegueros del este participó en la redacción del PEVI 2020 y es integrante de COVIAR; viene planteando junto a otras entidades vitivinícolas de Mendoza y San Juan la derogación de la ley 25.849/04 que crea la COVIAR destinada a gestionar y coordinar la implementación del PEVI 2020.
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Es que en la opinión mayoritaria de sus contribuyentes (los productores y bodegueros) no se han logrado los resultados esperados. Su sostenimiento económico es un impuesto sin retorno ya que no pudo resolver las cuestiones estructurales que el PEVI diagnosticó en su momento; se mantienen los mismos problemas de hace 12 años agravados por una aguda concentración económica y consecuentemente una decadencia del sector productivo/elaborador.
Sólo el programa Proviar con fondos del BID pudo mostrar una ejecución con resultados prácticos; el consumo de vinos en el mercado interno sigue cayendo y el posicionamiento del vino argentino en el exterior depende de otras razones y condiciones. Empeora las circunstancias el desconocimiento por parte de la clase política respecto a la naturaleza y el lugar que le otorga a la COVIAR generando así equívocos de todo tipo.
Digámoslo así: la COVIAR no es la expresión gremial de la vitivinicultura; entonces de mantenerse esta idea de sostenimiento político y considerarla como una "herramienta útil" lo correcto sería que se impulse la modificación de la Ley 25.849 y se derogue el artículo pertinente a la contribución obligatoria para sustituirla por un aporte estatal. Sería un gesto de coherencia en línea con el entusiasmo que despierta en los sectores políticos.
