Lorenzetti adelantó elección y preside la Corte hasta 2019

Elena Higthon de Nolasco, Carlos Zannini y Juan Carlos Maqueda

La Corte Suprema de Justicia resolvió que Ricardo Lorenzetti sea reelecto para un nuevo período de 3 años a partir de enero de 2016. La votación que en los últimos años tuvo lugar en octubre, en esta ocasión se adelantó producto de las recientes tensiones con el Gobierno. La continuidad de Lorenzetti, que se firmó en el ocaso del pasado martes, reasegura su posicionamiento en oficinas estratégicas y preserva la definición sobre la cúpula de la Justicia del clima político y electoral que dominará el segundo semestre del año.

La acordada 11/15 sostiene que fue Juan Carlos Maqueda el que propuso a sus compañeros la continuidad de Lorenzetti como titular de la Corte. A la propuesta adhirieron los jueces Carlos Fayt y Elena Highton de Nolasco. A continuación Fayt y Maqueda propusieron a Highton de Nolasco para la continuidad en la vicepresidencia, con la adhesión de Lorenzetti. De este modo el binomio Lorenzetti-Highton tiene fecha de vencimiento recién para 2019.

La novedad enervó los ánimos ayer en Balcarce 50 y no sólo por su contenido: nadie previó que tras blindarse ante los desafíos del presente tendiendes a reformas del tribunal, Lorenzetti no haría lo propio con los del futuro, más aún si se considera que en la Corte aseguran que el kirchnerismo intentaría ampliar el tribunal tras las primarias. Con esa información, los tiempos se precipitaron y el plan de Carlos Zannini de ungir a Highton como presidente sucumbió antes de comenzar, cuando en el oficialismo todavía se analizaban las repercusiones del fallo que dio de baja el listado de conjueces de la Corte.

El fallo del martes sobre la necesidad de que los conjueces requieran 2/3 abre un panorama que favorece nuevas arremetidas. La interpretación de la mayoría especial es viable porque la ley no precisa la aritmética necesaria para considerar a un magistrado avalado por el Senado pero también habilita que se promuevan reclamos contra los presidentes de las Cámaras federales que ofician como conjueces y que ahora son los únicos que tiene la Corte. Cualquier mayoría alcanzada con un camarista podría ser objetada, a partir de este fallo, con el argumento de que esos jueces llegaron a sus cargos con mayoría simple.

En materia penal el debate es más espeso porque la designación irregular de un funcionario está tipificada. Desde el martes todos los senadores y los miembros del Ejecutivo que intervinieron en la designación de los conjueces se encuentran a tiro de una denuncia en la Justicia penal. Este tipo de embestidas nunca suelen carecer de un audaz que les aporte la firma.

Análisis e interpretaciones que sirven para entender que el fallo de los conjueces tiene un lugar común con la desestimación del debate de la "cosa juzgada": sus efectos son impredecibles pero llegado el caso podrían tener un impacto directo en la arena política. El artículo 280 que habilitó a los ministros a no ingresar al debate de la "cosa juzgada" dejó como referencia un fallo de la Casación Penal federal en el cual se entiende que todo sobreseimiento es sensible de ser revisado.

En las próximas horas el oficialismo, en contacto con Moscú, buscará enarbolar algún tipo de respuesta, aunque esta no sea del todo visible. En principio el administrador general de la Magistratura, Claudio Cholakian (vocal de Justicia Legítima), le da los toques finales a un proyecto que apunta a reformular todo el esquema de contrataciones en el Poder Judicial, mecanismo que el oficialismo anota como deficiente y para lo cual señala al administrador de la Corte, Héctor Marchi. En paralelo se ha comenzado a redactar un proyecto que establece cambios en la organización de la Escuela Judicial, ámbito a cargo de Claudia Levin, funcionaria cercana al titular de la Corte.

Preliminares de otras escaladas que desde diciembre se barajan en el kirchnerismo pero que no han terminado de adquirir impulso, como el proyecto que reformula el Presupuesto del Poder Judicial de modo de podar los fondos de la Corte para transferirlos a la órbita de la Magistratura con el argumento de que ese órgano, que hoy el oficialismo controla, es desde donde se pagan los sueldos de los jueces y funcionarios de todo el país.

Estas cuestiones estructurales quedaron en stand-by cuando el Gobierno asumió como misión lograr algún tipo de sintonía con los jueces federales, varios de ellos disgustados con las modificaciones en el ámbito de la clandestinidad.

Un repliegue cuya evidencia más presente es el hecho de que el fuero federal está exceptuado de la entrada en vigencia inicial de la reforma procesal penal. El costo-beneficio de esa negociación todavía debe analizarse a largo plazo. Hasta ahora la única ganancia para Balcarce 50 parece ser el fin de la denuncia de Nisman, presentación que ningún penalista de cierto renombre se animó a respaldar y que fue desestimada inicialmente por un juez (Rafecas) que acumula causas penales por su performance reciente. Una de ellas prescribe en 15 días.