8 de marzo 2012 - 00:00

Lorenzetti, contra una reforma constitucional

Ricardo Lorenzetti
Ricardo Lorenzetti
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, subió ayer el tono político de sus dichos y, en una ronda de declaraciones por varias radios porteñas, se pronunció en contra de una nueva reforma constitucional, así como crítico de la nueva Ley Antiterrorista, aprobada el año pasado en el Congreso a instancias de Cristina de Kirchner.

Un día después de haber inaugurado el año judicial con un discurso de tono institucional en el que hizo un repaso de los principios jurídicos clave que busca defender el máximo tribunal, el titular de la Corte disintió con su colega Eugenio Zaffaroni -abierto defensor de una reforma que impulse un mode-lo de Gobierno parlamentarista- y señaló que no veía «necesaria una reforma» de la carta magna.

«Cuando se habla de reforma constitucional hay que ver qué es lo que se quiere reformar. Nosotros tuvimos una reforma en 1994 y todo lo que se refiere a derechos humanos y a derechos económicos y sociales fue prácticamente de vanguardia a nivel internacional», señaló Lorenzetti, así como destacó especialmente «la aplicación que de ellos ha hecho la Corte» en estos últimos años.

En este punto, el presidente del máximo tribunal subrayó que «ahí no hacen falta grandes cambios, en todo caso lo que hace falta, más que declarar derechos, es aplicarlos».

Lorenzetti diferenció dos aspectos del debate: por un lado, la necesidad (o no) de actualizar los derechos contemplados en la Constitución nacional y, por otro, las cuestiones relativas al estatuto del poder.

Respecto de esta última cuestión el titular de la Corte remarcó que «hay distintas opiniones» y precisó que «Zaffaroni está a favor de un sistema parlamentario que creo que desde un punto de vista de teoría constitucional es muy aceptable, pero me parece que en la práctica histórica constitucional argentina yo no lo veo muy viable».

Más allá de esta diferencia de posturas, Lorenzetti remarcó que tenían «muchas coincidencias» con su par del máximo tribunal, y evitó opinar sobre la posibilidad de que una nueva reforma constitucional habilitara la re-reelección de Cristina de Kirchner. «En su momento se discutirá, pero no hay que plantearse cuestiones hipotéticas cuando hay tanto para hacer», subrayó.

Por otro lado, el presidente de la Corte también habló por primera vez públicamente de la Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso el año pasado, una normativa impulsada específicamente por la Presidente a pedido del GAFI.

«La Ley Antiterrorista ha sido ampliamente criticada y nosotros nos hemos sumado a esa crítica», sostuvo Lorenzetti y criticó especialmente el artículo que, según organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, «criminaliza la protesta». En este punto, el titular del tribunal enfatizó que «la verdad es que como política legislativa ese artículo no es bueno y mucho menos aplicarlo a una protesta social».

En este contexto, Lorenzetti destacó que «el tema de la seguridad no se soluciona con una ley o con una sentencia, se soluciona con una política consistente durante muchos años», así como advirtió que no hay que «reprimir» este tipo de manifestaciones sociales.

«En todas las sociedades hay conflictos y tensiones, pero lo que hay que hacer es escucharlos, darles canales de participación y no reprimirlos, porque uno lo que hace es no resolver el problema. Es como el síntoma de una enfermedad: lo que hay que hacer es curar la enfermedad, no trabajar sobre los síntomas», aseguró.

Lorenzetti remarcó además que se debían realizar cambios en el Poder Judicial para alcanzar un modelo de Justicia más cercano a la sociedad -idea central de su discurso del martes pasado- y puntualizó que «las críticas más comentadas son las vinculadas al sector en materia penal, básicamente a los delitos que afectan la vida de las personas, cuando hay un robo, un homicidio».

«Ese es otro tema que hace años y años que se está hablando y nunca se ha logrado una solución de fondo»,
destacó el magistrado, quien también planteó que se debían debatir las facultades de la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial. «No tenemos facultades de acelerar los proceso ni reglamentarlos, en ese sentido tiene muchas más facultades el Consejo de la Magistratura», detalló.

Además, aseguró que se debía dar un discusión de fondo sobre otras cuestiones vinculadas al funcionamiento de la Justicia local, «como si los fallos de la Corte son o no son obligatorios -hoy no lo son-, o si la Corte tiene o no facultades reglamentarias para ordenar los procesos, que hoy tampoco tenemos», entre otras aspectos.

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