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Los carteles ponen en la mira hasta a la Iglesia
Niños
Desde que el hombre más buscado de México, Joaquín «El Chapo» Guzmán, escapó en 2001 de prisión y declaró una sangrienta guerra a capos rivales, el enfrentamiento se ha vuelto tan horrendo que los sicarios de los narcos dejaron de lado reglas de honor e incluso asesinaron a niños. Estos recurrentes ataques son llamativos por la cercanía de los traficanes a la religión, muchos de los cuales tatúan su cuerpo con símbolos católicos o la Virgen de Guadalupe.
Los mexicanos temen cada vez más a los carteles, fuertemente armados, y la Iglesia Católica así como varias iglesias evangélicas son de las pocas que siguen alzando la voz contra la violencia, especialmente en las áreas rurales donde el Gobierno mexicano tiene poco control.
El arzobispo del norteño estado de Durango levantó una polvareda mediática en abril cuando dijo que «todo el mundo», excepto el Gobierno, sabía que El Chapo vivía en ese estado. «La labor de la Iglesia en el campo la pone en conflicto directo con los carteles, quienes no quieren testigos, menos los sacerdotes, de lo que están haciendo», indicó Víctor Sánchez, un experto en seguridad del Colegio de la Frontera Norte, un instituto de investigación en Tijuana.
Las iglesias parecen dispuestas a enfrentar el peligro para ganar fieles a medida que pierden terreno ante el secularismo u otros cultos.
«Nosotros no podemos negar los sacramentos a nadie, indistintamente de que se trate de una persona que tiene relación con actividades ilícitas», dijo el arzobispo de Tijuana, Rafael Romo.
Pero grupos de derechos humanos argumentan que sacerdotes católicos se arriesgan a sucumbir a la tentación en áreas remotas donde los carteles tienen el control y donde son forzados a punta de pistola a bautizar a los hijos de narcotraficantes o a celebrar bodas.
A algunos se los acusa de recibir dinero de los narcotraficantes para pagar reparaciones de los templos, construir capillas y financiar proyectos locales.
En el estado natal de El Chapo, Sinaloa, en la costa del Pacífico, grupos de DD.HH. dicen que los curas son complacientes y no averiguan de dónde vienen las limosnas, algo que la Iglesia niega.
«En muchas zonas rurales los capos les dan servicios básicos, les construyen y les mantienen capillas porque las comunidades lo piden. Pero eso no es algo sancionado por la Iglesia Católica y ningún sacerdote les acepta dinero», dijo Manuel Corral, de la Conferencia Episcopal.
Agencia Reuters


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