La ley fue promulgada ayer por el Gobierno y coincide con el despliegue de soldados en los puntos calientes de Río de Janeiro.
Polémica. La normativa concesión de fueros especiales a los militares brasileños fue repudiada por expertos, que consideran que tiende a encubrir violaciones de los derechos humanos.
Brasilia - El presidente de Brasil, Michel Temer, promulgó ayer con carácter permanente la controvertida ley que transfiere a tribunales militares el juicio de los crímenes contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, pese a que era rechazada por los organismos de defensa de los derechos humanos de la ONU y de la OEA.
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La sanción presidencial de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión, sólo con un veto al artículo que limitaba la vigencia de la norma por un año, con lo que la decisión terminó convirtiendo la legislación en permanente. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre y refrendado por el Senado el martes pasado, que lo remitió al Ejecutivo, cuando las organizaciones de defensa de los derechos humanos iniciaron una campaña para pedirle al jefe de Estado que lo vetara.
La iniciativa generó una gran polémica debido a que fue avalada en momentos en que un decreto permite la participación de hasta 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público en el estado de Río de Janeiro hasta finales de 2018.
Los militares han sido utilizados en las últimas semanas en diferentes operaciones para combatir las bandas de narcotraficantes que dominan algunas favelas de Río de Janeiro. La nueva adjudica a los tribunales militares la competencia en los crímenes dolosos que cometan miembros de las FF.AA. contra civiles, en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa.
También transfiere a los tribunales militares los juicios de miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes contra civiles en operaciones "que involucren la seguridad de institución militar o de misión militar, incluso que no sea beligerante, o en actividades de naturaleza militar, de operación de paz y de garantía de seguridad pública".
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron que la ley fuera vetada por considerar que puede favorecer a militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
"La Justicia militar solo debe juzgar a militares acusados de crímenes de carácter exclusivamente militar", expresó el representante para América del Sur del Acnudh, Amerigo Incalcaterra, en un comunicado conjunto con la CIDH".
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