22 de abril 2009 - 00:00

Los críticos, ante un futuro sombrío

Caracas - El Gobierno venezolano abrió varios flancos de batalla política y legal contra la oposición, en un avance clave en el imparable plan del presidente Hugo Chávez para llevar su «revolución socialista» a un punto de no retorno.

El ataque ha incluido desde quitar competencias a autoridades regionales opositoras y el arresto de un ex ministro de Defensa disidente del chavismo investigado por corrupción, hasta una acusación por homicidio frustrado contra Manuel Rosales, el líder más notorio de la oposición.

El oficialismo alega que busca castigar la corrupción, pero sus oponentes denuncian que es una estrategia para acorralarlos y anularlos en la batalla por construir un Estado socialista, que pasa por el control de la economía y las instituciones.

Y hacia eso avanza, sin mayores aprietos y sin que la oposición haya logrado una movilización relevante más allá de protestar a través de algunos medios y opiniones.

«Se avecinan años de perro. Una época dura de la oposición, en la que Chávez tratará de llevar la revolución a un punto de no retorno», dijo el politólogo Ricardo Sucre, de la Universidad Central de Venezuela.

El ministro de Comunicación, Jesse Chacón, explicó que los acusados deben «demostrar su inocencia», mientras la televisión estatal se ha burlado asegurando que la oposición emprendió la campaña «con mi corrupto no te metas» en referencia al juicio contra Rosales.

Analistas y políticos coinciden en que han empezado años duros para los adversarios de Chávez, especialmente para los que lograron ganar el 20% de las alcaldías y gobernaciones en las regionales de noviembre.

En su ofensiva contra la oposición, que el mandatario dice está a las órdenes del «imperio estadounidense», el Gobierno central ha arrebatado competencias a las administraciones locales como la gestión de infraestructura, centros de salud, cuerpos de seguridad y hasta pequeños mercados municipales.

Además, el Gobierno nombrará autoridades regionales con poderes superiores a gobernadores electos, lo que analistas creen es parte del plan para anular políticamente a sus adversarios y posibles contendores en las presidenciales previstas para 2012.

La Fiscalía solicitó la detención de Rosales alegando que no pudo justificar 68.000 dólares en su declaración de patrimonio 2002-2004, cuando era gobernador de Zulia.

Eso no es todo. El inspector del Trabajo en Zulia lo acusó luego ante la Fiscalía regional por homicidio en grado de tentativa por supuestamente haber lanzado brigadas de choque contra ex empleados de la alcaldía que fueron agredidos cuando pedían ser reincorporados a sus puestos de trabajo.

El ex general Raúl Isaías Baduel fue arrestado por presunta sustracción de fondos en su gestión como ministro de la Defensa entre 2006-2007. El militar, antiguo compañero de armas de Chávez, se separó del mandatario acusándolo de tener desmedidas ansias de poder.

Su pelea causó gran impacto en la población y según analistas fue uno de los factores que contribuyeron a la única derrota electoral de Chávez en su década de gobierno, cuando su proyecto de reforma constitucional que ampliaba los poderes del Ejecutivo fue rechazado en un referendo en 2007.

Analistas aseguran que Chávez -cuya popularidad repuntó con su triunfo en el referendo de febrero, que le permite postularse cuantas veces quiera a la presidencia- está tratando de tapar con lucha política los problemas económicos que se avecinan como consecuencia de la crisis financiera mundial.

Además, una corte sentenció hasta a 30 años de cárcel a unos policías acusados de asesinato en los sucesos que rodearon el breve derrocamiento de Chávez en abril de 2002, siendo los primeros condenados por los choques entre opositores que pedían su renuncia y partidarios del Gobierno.

La oposición afirma que se trata de una venganza política contra los funcionarios por haber defendido la marcha opositora en esos confusos momentos. Ese fallo contrastó con otro de 2003, cuando cuatro «héroes» oficialistas fueron absueltos por disparar ese día en «legítima defensa».

Pese a que el movimiento estudiantil, que en años recientes logró aglutinar a la fragmentada oposición, llamó a manifestar contra «la represión», para el antichavismo siempre ha sido difícil reaccionar.

Agencia Reuters

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