Pero más allá del oportunismo de las declaraciones de alguien que está en la mira del juez Sérgio Moro, que hace dos años lanzó el operativo anticorrupción, se trata de un asunto cada vez más discutido por analistas.
El propio Lula tuvo la precaución de citar como prueba... un informe del FMI.
En una reunión con sindicalistas en San Pablo, el ex tornero mecánico destacó la semana pasada que "esa operación de combate a la corrupción es una necesidad para el país", antes de preguntarse "si no es posible combatir la corrupción sin cerrar empresas y sin causar desempleo, porque según el FMI, 2,5 (puntos porcentuales) de la caída del PBI se deben al pánico creado en la sociedad brasileña".
"Cuando todo esto termine, podrá haber mucha gente presa, pero también podrá haber millones de desempleados", remachó Lula, ante una audiencia quizás algo sorprendida de aplaudir las conclusiones del Fondo.
El desempleo no deja de aumentar: en febrero, se situó en el 8,2% de la población activa, frente a un 5,8% un año antes.
El economista-jefe del organismo financiero multilateral, Maurice Obstfeld, atribuyó buena parte del empeoramiento de las perspectivas a la "configuración política" de Brasil, con "el inicio de los procedimientos de 'impeachment' (de la presidenta Dilma Rousseff) y el creciente alcance de las acusaciones de corrupción".
Esos factores, prosiguió Obstfeld, "han socavado la confianza, como lo ha hecho el deterioro continuo de las perspectivas presupuestarias".
Las reacciones a las declaraciones de Lula da Silva no tardaron. "La operación ("Lava Jato") no ocasionó ningún perjuicio y ya permitió recuperar más de 3.000 millones de reales", unos 800 millones de dólares al cambio actual, así como bienes e inmuebles, declaró el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), Antonio César Bochenek, para quien la corrupción es la mayor causante de "perjuicios" a la economía.
| Agencia AFP |
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