Macri desenfunda el arma “Carrió”

El Gobierno considera que la causa más importante de la inflación es la política monetaria, con su subproducto déficit fiscal. Y que la principal responsabilidad es el sector público. Sin embargo, desde el macrismo también se cree que hay empresas, fundamentalmente de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo, que no ayudan en la pelea y que tienen posiciones cartelizadas. Para enfrentar este último conflicto, Mauricio Macri desenfundó su arma más letal: Elisa Carrió, que además de su rol de policía judicial y política, asumió ayer uno nuevo: el de policía antiinflacionaria. Y para que no queden dudas del apoyo, para la presentación de la nueva ley de Defensa de la Competencia que ayer Carrió llevó a la Cámara de Diputados (y que tiene redactada desde mayo de este año), el Presidente envió a uno de sus soldados más leales y confiables dentro del gabinete económico: el ministro de Producción, Francisco Cabrera, que acompañó a la diputada de Cambiemos avalando todas sus referencias a la guerra futura contra la cartelización (ver nota aparte).

Carrió asumió ayer este rol sin ningún tipo de indirectas, opinando que el país tiene una "economía cartelizada", que los industriales "tienen que acostumbrarse a que acá hay mercado. Acá todos se decían capitalistas, pero la Argentina era corporativa" y que "cuando Argentina creció, fue por las pymes exportadoras; la etapa posterior fue la economía cartelizada, en la que cada presidente de la Cámara Argentina de la Construcción arreglaba con los gobernadores, que fijaron el sobreprecio". Todas visiones muy lejanas a lo que piensa la mayoría (por no decir todos) los integrantes del gabinete económico, pero que en la mente de Macri representa un arma clave hacia delante para desenfundar contra alguna compañía rebelde en algún momento determinado.

Ya Carrió, en mayo pasado, había señalado públicamente a varias empresas que habrían aumentado en forma injustificada los precios aprovechando el cambio de Gobierno (mencionó a Arcor, Molinos y Cencosud), lo que la llevó a desempolvar un viejo proyecto de Martín Lousteau, que, reforzado con más verba antimonopolio y anticartelización, derivó en la norma que presentó ayer en sociedad.

Lejos de los mecanismos de aprietes explícitos que utilizaba Guillermo Moreno, lo que propone Carrió (ahora con apoyo oficial del Gobierno) es llevar a la Justicia con juicios sumarísimos a las empresas que, según la eventual norma, subieran los precios favoreciéndose de "sus posiciones dominantes" en el mercado. Busca, además, prohibir las "concentraciones económicas", usando cualquier mecanismo legal disponible, incluyendo la eventual partición de una empresa en varias compañías si se demuestra que ésta domina monopólicamente un mercado y dispone de precios que no se adapten a la realidad. El proyecto determina que una empresa es "dominante" cuando supera el 40% de un mercado. Multiplica, además, el grado de castigos para los privados que sean sancionados con la nueva figura de "abuso de posición dominante" .