27 de julio 2018 - 23:11

Macri paladea rediseño de fuero clave para gobernabilidad

• PODRÁ DEFINIR LA COBERTURA DE LA MITAD DE LOS JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Son 6 vacantes en primera instancia. Consejo aceleró entrevistas a 20 candidatos antes de feria. Por allí pasarán amparos por tarifas, reformas legislativas, decretos y hasta el acuerdo con el FMI.

Miguel Piedecasas
Miguel Piedecasas
A partir de agosto, el Gobierno se encontrará ante un escenario inmejorable para delinear la nueva composición de un fuero considerado estratégico para cualquier administración: los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, claves para asegurar "gobernabilidad" desde el Poder Judicial. A partir del segundo semestre, la mitad de los doce juzgados de primera instancia estarán vacantes por renuncias, jubilaciones y ascensos, lo que permitirá a Mauricio Macri escoger los candidatos para la sucesión mientras deberá pulsear con el camarista Sergio Fernández, hombre fuerte en ese territorio, por los jueces sustitutos hasta que se sustancie el concurso que ya está avanzado. Por esos escritorios pasarán las cuestiones más sensibles para la Casa Rosada que van desde los amparos por tarifas hasta la validez de las reformas legislativas, incluyendo los decretos del Poder Ejecutivo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dos renuncias, las de Claudia Rodríguez Vidal y Ernesto Marinelli (que serán efectivas en septiembre) consolidaron el cuadro de las seis vacantes de los doce juzgados de primera instancia de la Capital Federal, que se agregaron al ascenso de Liliana Heiland a un cargo de camarista. La conclusión es que el 50% del fuero podrá ser designado por el Consejo de la Magistratura -que preside Miguel Piedecasas- que conservará hasta fin de año (al menos) un equilibrio de fuerzas que al oficialismo le asegura un bloque mayoritario. Allí se tramita el concurso 324, destinado a nombrar a los jueces titulares para las vacantes ya existentes. Las tres últimas pueden ser anexadas como parte del mismo paquete. El 4 de julio pasado -antes de la feria- la Comisión de Selección terminó de entrevistar a los veinte postulantes para los juzgados N° 7, 11 y 12. Lleva casi tres años de arrastre ya que la prueba escrita se hizo en marzo de 2015 por una sola vacante que se fue multiplicando con el correr del tiempo. El N° 1, el 3 y el 10 completan la nómina que -mientras dure el proceso de cobertura- deja como contracara una inédita desolación en el fuero, sólo comparable a la situación en la que quedó inmersa la Cámara Federal de Comodoro Py. En este caso es peor, porque los suplentes deberán hacer malabarismos para tener cada uno dos juzgados a cargo, en promedio. La secuencia ofrece otra curiosidad: a partir de septiembre ya no habrá jueces en esa instancia que hayan sido nombrados sin concurso, durante el menemismo.

La Ley de Migraciones, los amparos colectivos por los valores de las tarifas de servicios públicos, la Ley de ART, el decreto que modifica función de las Fuerzas Armadas y les permite actuar en seguridad interior, varios DNU, el acuerdo con el FMI y hasta la fusión Cablevisión-Telecom despliegan su capítulo judicial en estos estratégicos tribunales que (hasta ahora) han tenido buena sintonía con la administración Macri. Se han convertido en la vedette de la Justicia ya que su importancia real como garantes de gobernabilidad excede la (en muchos casos pirotécnica) actividad emanada desde Comodoro Py 2002. Gracias a una reciente resolución de la Corte Suprema que se apoya en la Ley de Cautelares emparchada por el kirchnerismo, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolverá cada conflicto que exista con otro juzgado de cualquier parte del país donde exista un pedido de medida cautelar contra el Estado.

Las entrevistas personales son el paso previo a definir las ternas y que pasen el tamiz del plenario del Consejo. Recién entonces irán al escritorio de Macri para que elija candidatos a validar por el Senado. De los candidatos, muchos provienen del seno de la corporación judicial y han sido apalancados por sus propios superiores, algo que obligará al Gobierno a tener en cuenta esas aspiraciones a la hora de la elección para no desairar a ningún sector que eleve su propuesta. El rol que jueguen los senadores peronistas a la hora de la aprobación también será una prueba de fuego. La ola de jubilaciones que comenzaron con la de María José Sarmiento y que fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo sin demasiada demora da cuenta de una intención oficial de acelerar el proceso de recambio, lo mismo que la veintena de entrevistas que el Consejo activó con premura. El proyecto de unificar este fuero con el Civil y Comercial Federal para encadenar esos tribunales y diluir el poder del Contencioso por ahora sólo permanece guardado en un cajón.

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