29 de marzo 2017 - 00:00

Maduro sin freno: la Corte lo autorizó a perseguir a los diputados opositores

Los jueces, instrumentos del chavismo, tomaron la decisión luego de que la Asamblea Nacional le pidiera a la OEA la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela. El Gobierno podría acusarlos de delitos como traición a la patria y hasta terrorismo.

DEMOSTRACIÓN. El chavismo salió ayer a las calles para denunciar la injerencia de la OEA, justo cuando el organismo sesionaba en Washington.
DEMOSTRACIÓN. El chavismo salió ayer a las calles para denunciar la injerencia de la OEA, justo cuando el organismo sesionaba en Washington.
Caracas - Los parlamentarios venezolanos -mayoritariamente opositores- quedaron ayer sin inmunidad por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que autoriza al presidente Nicolás Maduro a buscar su enjuiciamiento, incluso por delitos militares y terrorismo.

El detonante de la sentencia fue un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.

Justamente, esa instancia se reunió ayer en Washington a solicitud de un grupo de países -incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México- para discutir la profunda crisis política y económica venezolana (ver nota aparte).

El TSJ dictaminó que los integrantes de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) carecen de inmunidad por estar en desacato, según un fallo que anuló el acuerdo legislativo por petición de la bancada chavista.

"La inmunidad parlamentaria sólo ampara los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)", indicó la sentencia.

A inicios de 2016, la Corte Suprema declaró en desacato al Parlamento por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.

Con esa declaración, el TSJ -acusado por la oposición de servir al Gobierno- anuló todas las decisiones de la cámara, órgano que asegura que ya cumplió con la separación de los legisladores y que en realidad el propósito es desconocerla.

La directiva de la AN afirmó que la sentencia es una "retaliación" contra la Cámara por haber denunciado en el exterior los "atropellos contra la democracia" en el país.

El TSJ fue más lejos al ordenar a Maduro tomar "las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción", a propósito del acuerdo legislativo.

Así, en el marco del estado de excepción vigente desde 2016, y debido al desacato, habilitó al mandatario para que garantice la "estabilidad democrática" apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el "código de justicia militar".

"La Sala (Constitucional del TSJ) crea las condiciones para que Maduro establezca una ley marcial que dé lugar a la persecución más vil, porque dice que él puede revisar las leyes penales", dijo el diputado opositor Juan Miguel Matheus.

La Corte se alineó con el Gobierno al considerar que el pedido del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de suspender a Venezuela si no convoca elecciones generales en 30 días, va "en detrimento de los principios democráticos y de igualdad" del organismo.

Según el diplomático uruguayo, Maduro "viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir".

Ayer miles de chavistas marcharon por Caracas y llegaron a las inmediaciones de la AN, donde la oposición estaba sesionando.

Para Cecilia Sosa, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, el TSJ "se puso por encima de la Constitución", pues el fuero parlamentario sólo puede ser removido por el propio Legislativo, tras solicitud de la Corte.

Maduro descarta de plano un adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para diciembre de 2018, mientras las regionales siguen en el limbo pues debieron realizarse a fines del año pasado, pero el Poder Electoral las pospuso para 2017 sin que aún tenga fecha establecida

Agencias AFP, EFE, ANSA, DPA y Reuters

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